Desde el año pasado, luego de que les eliminaran sus bases y los contrataran como empleados de confianza, siete de los nueve inspectores de la STPS, a cargo de Carlos Ortiz Rosas, interpusieron una demanda en contra de la dependencia por eliminarles sus derechos laborales; en respuesta, la delegación les fue quitando horas de trabajo para obligarlos a renunciar.
A partir de que se estableció la demanda el 6 de septiembre del año pasado, la carga de trabajo para los siete inspectores empezó a disminuir, y actualmente es de cero, explicó la representante legal de los demandantes, Patricia Reyna, quien destacó que es grave que la dependencia viole la ley, pero es aun más peligroso que se ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores de empresas que manejan amoniaco, hidrógeno y azufre, así como la población cercana a esas fábricas.
Por ello, además de la demanda, los inspectores enviaron una queja en contra del Coordinador Administrativo, Alfonso Prieto Eibl ante el órgano interno de control en la STPS en donde señalan que el funcionario ha querido imponer el cambio de horarios continuos por horarios discontinuos sin atender el artículo 48 de las Condiciones Generales de Trabajo, que a la letra dice: Los trabajadores que hasta esta fecha hayan venido laborando jornada continua, sólo podrán pasar a jornada discontinua, cuando así lo acepte el interesado por escrito.
Ricardo Aguirre Beltrán, defensor de los trabajadores de la STPS explicó que al detener las inspecciones, la dependencia está incumpliendo varias normas, entre ellas: la Norma Oficial Mexicana (NOM)–001 que se refiere a la revisión de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo y condiciones de seguridad e higiene; la NOM002 sobre las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
También se está incumpliendo la NOM–004 sobre sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo; la NOM–005 condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas; la NOM–026 sobre colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
En el caso de la NOM020 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece una serie de obligaciones a los patrones, en relación con la seguridad y procedimientos que debe adoptar para garantizar que todos los recipientes sujetos a presión se encuentren en óptimas condiciones; así mismo que no representen riesgo alguno, ni para el personal que en la empresa labora, ni para la demás maquinaria o instalaciones de la empresa. Los inspectores calcularon que hay de 750 a mil 500 equipos que no han sido inspeccionados en el estado y aunque no todas las unidades son peligrosas, hay riesgos en gran parte de ellas.
Entre los riesgos se encuentran las empresas que elaboran hielo y manejan 300 kilogramos de amoniaco por equipo, las fundidoras que necesitan hidrógeno en gran cantidad y lo extraen del gas natural, o las que manejan azufre y que pueden generar envenenamiento en caso de alguna fuga.
Las refresqueras necesitan una presión de 40 kilogramos para expandir las botellas, y sólo se necesita la presión de cuatro kilogramos para volar una llanta, lo que explica la importancia de esas revisiones, destacó Aguirre Beltrán. Además, se desconoce si las firmas utilizan equipos de buena calidad o máquinas baratas y chinas que ponen en riesgo la seguridad de la planta.
Sólo hay dos inspectores que están llevando a cabo las revisiones en todas las empresas del estado, por ello, las consecuencias ya se perciben en la delegación de Puebla cuyo nivel de eficiencia en las inspecciones estaba en primer lugar y actualmente es de las últimas, señaló.
Otro problema que se está viviendo, es la realización de revisiones a modo, toda vez que las inspecciones deben hacerse aleatoriamente, pero la dependencia elige por su cuenta a que empresa revisar y a cual no. En la STPS se incumple la ley para apoyar a las compañías y recibir a cambio la gratitud de los empresarios por puro interés político, criticó Aguirre Beltrán.
Finalmente, reprobó que por un pleito de derecho no se estén realizando las inspecciones en las empresas. El litigio cumplirá un año el próximo 6 de septiembre y la próxima audiencia se llevará a cabo el 3 de septiembre.
