El mandatario desestimó las cifras de un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que ubica a Tlaxcala como uno de los estados con mayor número de denuncias por este delito, seguido del Distrito Federal, Estado de México y Aguascalientes. De acuerdo con los datos oficiales, durante el año 2006 en Tlaxcala se reportaron 270 casos de secuestro.
Esa estadística para Héctor Ortiz resultó “absolutamente inviable (...), no creo que sea una cifra exacta, hay que preguntarle al procurador (Leopoldo Zárate Aguilar), pues la entidad sigue siendo uno de los lugares más seguros del país y por lo tanto el secuestro no es uno de los delitos más comunes”. Incluso, refirió que durante los tres años de su administración sólo se han presentado tres plagios.
“Fuera de esos casos, no he conocido otros y no es porque no esté atento, sino porque no ha habido”, aseveró Ortiz Ortiz, quien detalló que el primer secuestro que conoce de su gestión fue a un empresario transportista que fue plagiado por unos sujetos de Veracruz, los cuales fueron aprehendidos semanas después.
El segundo caso está en investigación y el tercero fue la semana pasada en Ixtacuixtla, cuyos responsables fueron detenidos.
Reveló que las dependencias encargadas de la seguridad se han dado a la tarea de diseñar “algunos mecanismos de respaldo, a través del Fondo para la Atención a Víctimas de Delitos, para que el Estado sea solidario con quienes son motivo de una acción tan deleznable, tan ventajosa y tan abusiva”, dijo.
Aseveró que su gobierno está coordinado con la XXIII Zona Militar y con las corporaciones policíacas para hacer un frente común a la delincuencia. “Esa relación interinstitucional permitirá blindar a Tlaxcala ante una circunstancia nacional tan compleja”.
En ese contexto, dijo que algunos estados han impuesto una pena de prisión de hasta 70 años a los secuestradores, por ello en Tlaxcala “sería conveniente examinar esa posibilidad”, pero no comparte la posibilidad de la pena de muerte.
“Pareciera que el enojo de la sociedad nos hace llegar a la conclusión que quienes privan de la libertad y luego de la vida a alguien, merecen la misma sanción, pero estaríamos retrocediendo a un principio del derecho penal conocido como la Ley del Talión cuyo castigo era ojo por ojo y diente por diente”.
