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Miércoles, 6 de agosto de 2008
La Jornada de Oriente - Puebla - Suplementos
 
 
ECONOMÍA A RETAZOS
 

¿Y la soberanía alimentaria?

Fernando Andrés Sesma Villalpando

El año pasado, el mundo en general contempló con alarma una escalada de precios de los productos alimentarios en varios países del mundo: Egipto, Camerún, Senegal, Etiopia, Indonesia y Madagascar enfrentaron serios problemas y en algunos casos, como en Haití, los ciudadanos de esta nación se enfrentaron con las fuerzas del orden para buscar una solución al desabasto sufrido.

El origen de estos problemas no hay que buscarlos en China o India, sino en el hecho de que empresas estadounidenses como Monsanto y Cargill, controlan hasta un 70 por ciento del mercado mundial de granos, lo que les permite especular para manipular los precios y lograr incrementar sus ganancias de manera exorbitante a consta del hambre del muchos pueblos. Especulación que ni las reuniones como la llevada a cabo en Roma por la FAO, y la cumbre en Japón del G–8 tratando de frenar el alza inmoderada de los precios han dado el resultado alguno.

En México, en los años iniciales de la entrada y puesta  en marcha del modelo neoliberal,  a principios de los 80, el gobierno mexicano lo impuso también en el campo, que por cierto ya había sido olvidado por los “gobiernos herederos de la Revolución”. De esta manera, los gobiernos neoliberales han terminado por poner a los productores agrícolas ante situaciones desesperadas. La falta de apoyos económicos, las modificaciones salinistas al artículo 27 de constitucional y la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afectaron severamente la organización y la producción en el sector rural lo que ha terminado por llevar a los productores a abandonar el campo y emigrar masivamente hacia Estados Unidos.

El entreguismo de los presidentes “del cambio” a los intereses de las transnacionales vinculadas a los alimentos, ha sido otro factor de desaliento a los productores del campo mexicano, que difícilmente esperan del gobierno o de las organizaciones oficiales alguna política que permita resolver sus problemas. Las palabras de Felipe Calderón, por ejemplo, dejan muy claros los intereses a los que sirve el “presidente del empleo”: “No podemos culpar a los países desarrollados de la alza de los alimentos”, dijo Calderón y anunció además que su “política agraria” y las últimas medidas tomadas por su gobierno (facilitar las importaciones de granos) podrían supera la carestía alimentaría en el país. Los resultadosobtenidos muestran nuevamente su incompetencia.

En realidad la “preocupación” de las autoridades del país, ya sean federales, estatales y municipales, podrán servir para alcanzar un  “crecimiento y desarrollo neoliberal”, más no nacional. Es decir, el gobierno actúa de manera facciosa a favor de los intereses del capital transnacional que de lograr un verdadero impulso al campo mexicano. Pero no hay secretos, desde principios de los años 80 los gobiernos de México han renunciado al viejo anhelo nacional de lograr en algún momento la “soberanía alimentaría”, anhelo que es ya mera utopía, en el sentido de inalcanzable.

 
 

Enriquecimiento enloquecido de una pequeña oligarquía

Marco A. Gandásegui*

El capitalismo es una forma de organización social llena de contradicciones y conflictos. En su proceso de crecimiento y expansión ha tenido que reprimir pueblos y destruir culturas a escala global. Sus ideólogos lo llaman “progreso”. Según la prensa de Estados Unidos, la civilización más antigua del planeta, la China, esclaviza a millones de trabajadores para garantizar las tasas de ganancia de los inversionistas. En Europa se promueven políticas fascistas para resistir la decadencia de sus economías. En Estados Unidos los campos de tortura ya son aceptados por los medios de comunicación.

En Panamá desde hace varios lustros, la población tiende a empobrecerse. Los trabajadores pierden sus empleos y, en su lugar, aparece el empleo informal. El sistema educativo está en un estado de colapso, con deserciones y fracasos escolares aumentando. Los gobernantes responsabilizan a “educadores, estudiantes y padres de familia” de la situación caótica que reina en el país. Los servicios de salud han sido desmantelados por los gobiernos de turno, reduciendo los presupuestos y permitiendo que enfermedades antes erradicadas regresen creando zozobra en la familia panameña. El desgreño administrativo ha causado muertes sin que se asuma la responsabilidad correspondiente.

Las comunidades –en la capital y en el interior– han sido abandonadas a una agresivo ataque especulador que ha disminuido la calidad de vida de la gente. La corrupción se ha adueñado de la administración pública y privada.

Los discursos políticos mantienen su coherencia. Mientras que los candidatos que se perfilan para las elecciones de 2009 hablan de los logros de sus gestiones, sus asesores acusan a los trabajadores de la pobreza y de la inestabilidad social en que se encuentra el país.

Recientemente, un editorial señaló que “es cierto que el costo de la vida está subiendo, pero ninguno de los grupos que promueve la agitación social puede negar que el gobierno y la empresa privada se han involucrado para reducir los impactos de la crisis”. ¿Cómo? Las organizaciones sociales que anunciaron una huelga para el mes de agosto fueron acusadas de “malintencionadas”. Además, según los gobernantes, “las dirigencias que la convocan no tienen razones, ni excusas para justificar no ir a trabajar”.

Casi el 50 por ciento de los panameños viven en la pobreza y los editoriales del gobierno dicen que “no hay que sorprenderse si se descubre que detrás de la mayoría de los dirigentes beligerantes hay vinculaciones con partidos políticos, nexos con campañas proselitistas y redes de conspiración con estructuras clandestinas y financiamientos dudosos”. ¿Insinúa que el Partido Panameñista está conspirando con el pueblo en contra del presidente Torrijos? O ¿serán los precandidatos del PRD que conspiran con los sindicatos contra los políticos de la oposición?

Se ha perdido toda esperanza de que el presidente Torrijos pueda introducir correctivos a sus políticas equivocadas. Debe entregar el poder en junio de 2009. El PRD y la oposición deben sacar la cabeza de la arena y mirar a su alrededor. Las políticas neoliberales han creado enormes contradicciones en medio del enriquecimiento enloquecido (lleno de conflictos) de una pequeña oligarquía especuladora. Están cavando, a mediano plazo, su propia derrota y creando condiciones para una recuperación nacional muy difícil a largo plazo.

*Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

 
 

Información para normar criterios en la Consulta Popular sobre Pemex del próximo 10 de agosto

El jueves 17 de julio de 2008, Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó en los foros de debate de la reforma petrolera, llevados a cabo en la Cámara de Senadores, algunos datos reveladores sobre la falta de transparencia, la rendición de cuentas y la corrupción existente en Pemex. De la información presentada destacamos la siguiente:

* Durante el sexenio de Vicente Fox se devolvieron 680 mil millones de pesos a grandes empresas. Asimismo, en 2004, ese tipo de corporaciones pagaron al erario solamente 74 pesos de ISR y 69 pesos de IVA, en promedio. Por lo que la recaudación del sistema tributario se compensó con la transferencia de los excedentes petroleros a la hacienda pública.

*Entre 1994 y 2005, la carga fiscal tributaria para Pemex fue de 3.3 billones de pesos.

*El pasivo total por los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) es de 1.7 billones.

*En Pemex persiste un alto grado de discrecionalidad y opacidad en el manejo de sus inversiones en 54 empresas, cuyo valor ascendió a 6 mil 533.6 millones de pesos, en diciembre de 2004, y de las cuales 21 operan en el extranjero.

*Los excedentes petroleros en la administración foxista, sumaron 720 mil millones de pesos, y en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno federal (73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa).

*El exceso de discrecionalidad de funcionarios de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos.

* El área donde existe mayor opacidad en el manejo de las finanzas es en Pemex Internacional (PMI), que opera empresas en el extranjero “que no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia” en las cuentas públicas que entrega el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

 
 

 
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