Desde hace un año, la mayoría de los inspectores de la delegación en Puebla de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emprendieron un litigio contra el hostigamiento laboral de que son objeto, el cual consiste en que les quitaron sus bases, les redujeron prestaciones y el salario. El objetivo es cansarlos y que renuncien. La gravedad de este asunto es que ellos son los encargados de revisar la seguridad industrial de la mayor parte de las empresas que están instaladas en la entidad y son de jurisdicción federal.
Resulta muy grave que siendo la STPS la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, sea una dependencia que se dedique a violar dicho ordenamiento. Y que el titular de esta área, José Nicolás Carlos Ortiz Rosas, no respete la Constitución para evitar enfrentar el litigio laboral que emprendieron sus subordinados.
Lo que pasa en la delegación de la STPS no es un hecho aislado; parece obedecer a una tendencia que se repite en todas las áreas del gobierno federal, consistente en sustituir a servidores públicos que estaban contratados antes de que el PAN llegara a la Presidencia de la República. El argumento que se utiliza para esta depuración es que se quieren combatir problemas de corrupción e ineficiencia.
Sin embargo, eso no ha ocurrido. La sustitución de funcionarios se ha hecho arbitraria, sin respetar derechos laborales. Lo más grave es que la gente que llega es ineficiente; muchas veces el único mérito es su militancia en el PAN y generalmente llegan a reproducir o aumentar viejos vicios de la administración pública.
