Siete de los nueve inspectores de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –encargados de hacer las revisiones de la seguridad de todas las empresas federales de Puebla– interpusieron una demanda en contra de la dependencia por quitarles sus derechos laborales mediante la eliminación de sus bases y posterior contratación como empleados de confianza. El litigio cumplirá un año el próximo 6 de septiembre, lapso en el que los trabajadores han sido hostigados por el delegado José Nicolás Carlos Ortiz Rosas.
Lo anterior de acuerdo con la representante legal de los demandantes, Patricia Reyna, quien explicó que la demanda contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue presentada el año pasado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, documento en el que los inspectores exigen a la dependencia la recuperación de las remuneraciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de base, las prestaciones que fueron retiradas de manera infundada e ilegal desde la novena quincena del año pasado y el pago de prestaciones vencidas desde la fecha en que fueron retiradas hasta que se cumpla el laudo reclamado.
En la demanda, los inspectores del trabajo refieren que desde que entró en vigor la Ley del Servicio Profesional del Carrera en la Administración Pública Federal, la dependencia los invitó en diversas ocasiones a formar parte del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, propuesta que rechazaron debido a que por ser personal de base no es aplicable la Ley del Servicio Público Profesional del Carrera.
La representante legal explicó que conforme a la reforma que sufrió el artículo quinto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en un decreto publicado el 12 de enero de 1984, a los inspectores de las dependencias del gobierno federal no se les considera como trabajadores de confianza, a menos que desempeñen funciones exclusivamente a nivel de jefaturas o subjefaturas, y cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate.
Sin embargo, durante el mes de abril del año pasado, mediante un oficio, los inspectores recibieron la noticia de que les iba a imponer una reducción salarial al dejar de pagar a partir de la novena quincena de ese mismo año, lo que se conoce como Condiciones Generales de Trabajo: premio de puntualidad, días económicos y despensas, entre otros derechos. A partir de esa fecha, los inspectores dejaron de recibir las prestaciones y empezaron a ser tratados como trabajadores de confianza (personal de enlace).
“No somos personal de enlace; no ocupamos puestos de enlace, dado que dicho personal está expresamente contemplado en la Ley del Servicio Público Profesional de Carrera, la que no nos es aplicable dado que no contamos con licencia ni nos hemos separado de nuestra plaza de base y nunca participamos en los procedimientos para acceder al Servicio Profesional de Carrera, justificando con fundamento en derecho, en toda ocasión, nuestro rechazo a participar en tales procedimientos”, señala la demanda.
“Lo único que es cierto es que a partir de la segunda quincena del mes de mayo dejaron de entregársenos las percepciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que se traduce en una disminución directa a nuestro salario, infundada e ilegal, por lo que reclamamos la reinstalación íntegra de nuestro salario de acuerdo con los derechos que nos asisten conforme a la legislación aplicable al caso concreto –Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y Ley Federal del Trabajo–, como trabajadores de base de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social adscritos a la Delegación Federal del Trabajo en el estado de Puebla”.
Los inspectores se quejan de hostigamiento
Ricardo Aguirre Beltrán, defensor de los inspectores, destacó que los trabajadores recibieron una disminución salarial cuando fueron cambiados al esquema de empleados de confianza, y posteriormente un recorte en sus asignaciones de trabajo que fue más evidente a partir de este año.
Los inspectores se quejan de hostigamiento a partir de la demanda establecida contra la STPS, ya que les han cambiado sus horarios de trabajo, anteriormente laboraban siete horas y actualmente es un periodo discontinuo; además, el delegado los ha llamado “traidores” frente al resto de funcionarios de la dependencia.
El 4 de agosto, los quejosos enviaron una queja contra el coordinador administrativo, Alfonso Prieto Eibl, ante el órgano interno de control en la STPS, en la que señalan que el funcionario se coaligó con el delegado federal o pasó sobre su autoridad para cerrar las instalaciones de la dependencia durante toda una tarde, a fin de impedir el funcionamiento de la Oficialía de Partes para que no pudieran ingresar la documentación relativa a sus responsabilidades. Lo cual fue corroborado por el notario público auxiliar de la Notaría Pública número Seis de Puebla.
“La pretensión de hacer valer sus deseos a como dé lugar y por encima de lo que se oponga –así sea la ley y hasta las más mínimas reglas de convivencia– ha llevado al Sr. José Alfonso Guillermo Prieto Eibl a querer imponer el cambio de horarios continuos por horarios discontinuos sin atender el artículo 48 de las Condiciones Generales de Trabajo, que a la letra dice: Los trabajadores que hasta esta fecha hayan venido laborando jornada continua sólo podrán pasar a jornada discontinua, cuando así lo acepte el interesado por escrito”.
Los inspectores también se quejaron de descuentos en sus salarios bajo el argumento de haber incurrido en faltas. “Los actos de doloso hostigamiento en contra nuestra se han continuado en el pago de nuestros salarios, realizándose nuevos descuentos sin justificación alguna”.
“No es posible que la dependencia que debe vigilar el cumplimiento de la ley laboral sea la primera en incumplirla; la demanda no fue interpuesta en contra de la delegación, sino en contra de la STPS, pero los funcionarios de Puebla han reaccionado como si ellos fueran los responsables, acosando a los trabajadores con el fin de que renuncien”, dijo Aguirre.
La próxima audiencia será el 3 de septiembre; el retraso en el procedimiento es normal debido a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje recibe todas las quejas del país. Aseguró que no es una situación exclusiva de Puebla, ya que los trabajadores de la STPS en otros lugares, como el estado de México, comenzaron a realizar denuncias por la misma situación.
