Este domingo los poblanos habremos de expresarnos por aceptar o no la privatización de Pemex; la consulta ciudadana no la organiza El Congreso de la Unión, como lo amerita cualquier decisión trascendental que atente contra nuestro patrimonio y soberanía y contra la norma constitucional que nos regula; tampoco las autoridades ejecutivas la promueven, mismas que se abrogan la soberanía popular y de mandantes se erigen en mandatarios; tampoco la apoyan los medios masivos de comunicación –principal medio formal de opinión pública– ni los organismos patronales. A contracorriente, un grupo de entusiastas ciudadanos que defienden la preservación de los recursos naturales y una administración proba y eficiente de los mismos promueven la consulta “con lo que se puede” y “hasta donde se puede” en un Estado de Derecho. Es posible construir una sociedad incluyente, equitativa, justa y sustentable y la renta petrolera es una de las principales fuentes de su financiamiento; renunciar a ella para endosarla al capital extranjero con la complicidad de los panistas del gobierno federal es un agravio equiparable a la alta traición.
En el municipio de Puebla, en los últimos cinco meses aplicamos siete encuestas de opinión sobre la privatización de Pemex promovida por los panistas y el gobierno federal, reiteradamente los ciudadanos rechazan dicha privatización: tres de cada cuatro creen que ha sido positivo que el presidente Lázaro Cárdenas haya privatizado el petróleo y no le creen a Felipe Calderón cuando dice que no piensa privatizar Pemex; nueve de cada 10 creen que Pemex debe modernizarse e invertir en refinerías sin asociarse con particulares; cuatro de cada cinco ciudadanos refrendan que la extracción de petróleo, la producción de gasolina y el manejo y control de los oleoductos debe ser de la exclusividad de Pemex, es decir, no compartir esas actividades con particulares; dos de cada tres ciudadanos exigen que los diputados federales poblanos voten en contra de la iniciativa privatizadora de Felipe Calderón y, consideran que Pemex debe de pagar impuestos como cualquier empresa, que no debe tener un régimen de excepción ni estar al margen del control de la Cámara de Diputados; tres de cada cinco ciudadanos están en desacuerdo con la asociación de Pemex con empresas privadas para explorar y extraer petróleo de aguas profundas.
Cuatro de cada cinco ciudadanos está enterado de la iniciativa privatizadora de Felipe Calderón; la forma en que se han enterado ha sido a través de la televisión (77 por ciento) y por los medios impresos (11 por ciento). La información que predomina es la divulgada por la presidencia de la República, los organismos patronales y los medios masivos de comunicación, que son los que defienden el endoso del los recurso energéticos a particulares. Aun así, en la primera etapa de la consulta nacional han participado 1.7 millones de ciudadanos; ahora nos toca a nosotros hacer lo propio a los poblanos y a los ciudadanos radicados en el sur y sureste de la República, este domingo debemos expresar nuestra indignación por la intención de privatizar los recursos naturales y por la flagrante violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía es patrimonio de la ciudadanía, no de los partidos políticos, organismos patronales, o del Poder Ejecutivo o Legislativo.
