La fracción de regidores del PRI que forman parte de las comisiones unidas de Educación Superior, Arte y Cultura y Servicios Públicos intentó dar un “albazo” a sus homólogos de oposición –que son minoría– para desechar definitivamente la propuesta de retirar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz del bulevar que lleva su nombre.
Así lo señaló Armando Domínguez Márquez, integrante de la Brigada 68, un grupo de universitarios que participó en el movimiento estudiantil que hace 40 años salió a las calles para protestar en contra de la represión social del gobierno federal y que ahora impulsa esa propuesta, quien advirtió de la intentona priista, misma que no se concretó, porque fue suspendida.
Sin embargo, el activista aseguró que los regidores poblanos están obligados a retirar el nombre de Díaz Ordaz de la nomenclatura de la capital debido a los acuerdos internacionales firmados por México ante la ONU, y a las leyes mexicanas consagradas en la Constitución, mismas que, apuntó, se deben respetar.
En un documento, que se hará llegar a los regidores de esas comisiones a través de representante del PRD, Jaime Cid Monjaraz, el brigadista señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juzgó como genocidio los actos cometidos en octubre de 1968, delito agravado por haber sido planeado y ejecutado por servidores públicos en funciones, como el ex presidente y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría.
En ese sentido, los principios generales del derecho internacional aplicables al genocidio son de observación obligatoria en la República Mexicana, debido a que el país tiene una condición de miembro activo de la ONU. En 1948, 1991, 1998 y 2007, México ha firmado y ratificado diferentes acuerdos para evitar y prevenir el genocidio.
