El funcionario advirtió que si Alcalá Ruiz no hubiera enviado la concesión al Congreso, la empresa Jajomar hubiera emprendido acciones en contra de la Comuna con una demanda legal por omisión, lo que le habría generado a la edil responsabilidades.
“Tratamos de evitar ese tipo de demandas que perjudican al ayuntamiento; eso es lo que trató de evitar Blanca Alcalá, que con la resolución por parte de la sindicatura, en el momento en que hubo una resolución que fundaba los agravios (de los que se quejó Jajomar) y se ordenó turnar el título de concesión (al Congreso), porque así estaba por parte de la pasada administración, se hicieron esas pequeñas modificaciones (al título) que permitieron los concesionarios y fue por eso que la presidente municipal y la sindicatura, evitando una posible demanda por no dar trámite”, sostuvo Román Lazcano.
El síndico mostró su escepticismo ante el hecho de que la empresa Jajomar pueda iniciar la colocación de más de 900 parquímetros en las zonas de mayor conflicto vehicular de la ciudad de Puebla, pasando por alto la autorización del Legislativo, al utilizar un amparo ante la justicia federal.
“Habría que ver, pues la Constitución señala que serán los tribunales los que conocerán respecto de violaciones y actos de autoridad; todas las personas pueden acudir ante las instancias federales, el que proceda o no proceda (el amparo) ya será decisión de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial de la Federación”, indicó.
Agregó que la administración municipal será respetuosa de la decisión que respecto al tema decida el Congreso local, y una vez que los diputados hayan aprobado o rechazado el proyecto será hasta entonces que Blanca Alcalá fije una postura.
“La edil no concesionó parquímetros, eso es claro y tiene que quedarse en ese aspecto; había una orden por parte de la sindicatura (en la pasada administración), que se turnara el título de concesión como se encontraba, y si no se hubiera hecho así, con un amparo sí se hubiera procedido en contra de la sindicatura, pues ese amparo hubiera ordenado al ayuntamiento a turnar el título como estaba. Lo más importante: hay un escrito firmado por los concesionarios que autoriza y permite utilizar a la presidente municipal sus programas de políticas públicas de reordenamiento en el Centro Histórico”.
