El Hospital General de Puebla –que es el nosocomio más importante en la capital para la población que no goza de seguridad social– enfrentó un paro de labores de la mayor parte del personal médico y de enfermería como resultado de que persiste la carencia de medicamentos, de equipamiento en quirófanos, de que no funcionan los elevadores y falta un número importante de enfermeras para cubrir vacantes y a los enfermos que todos los días llegan a este lugar.
El paro del Hospital General no es la única mala noticia con que inicia la presente semana en el ámbito del sector salud, sino que también se ha conocido los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, las cuales arrojan que en promedio el 55 por ciento de los jóvenes poblanos, cuyas edades van de los 12 a los 19 años, inician su vida sexual sin el uso del preservativo, lo cual lo coloca en el grupo de alto riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual o no estar bajo métodos de control natal.
La protesta laboral en el Hospital General y el resultado de la encuesta en cuestión no deben verse como dos hechos aislados y sin ninguna relación, sino que por el contrario, son una muestra clara de que en Puebla urge un profundo cambio en las políticas de salud pública, pues tal parece que todos los servicios y programas que dependen de la Secretaría de Salud registran fallas, problemas de planeación y, sobre todo, una falta de conducción adecuada.
Desde la pasada administración estatal y hasta la presente, el gobierno ha puesto empeño en aumentar y mejorar la infraestructura hospitalaria de la entidad. Sin embargo, no se ha podido garantizar que estos nuevos espacios funcionen adecuadamente y que tengan éxito los programas destinados a la prevención de enfermedades.
Esta situación no solamente plantea la necesidad de cambiar la forma de conducir a la Ssa, sino a quienes están al frente.
