En los dos últimos trienios, los presidentes municipales concesionaron servicios públicos de una manera sumamente generosa: el panista Luis Paredes otorgó a com-pañías de dudosa trayectoria el alumbrado público; después, el todavía priista En-rique Doger hizo lo propio con los parquímetros. El servicio de recolección de basura fue concesionado por Rafael Ca-ñedo en 1995 y refrendado en 2008 por Enrique Doger antes del vencimiento de la concesión; los beneficiarios de esta úl-tima concesión han incumplido sus compromisos y no aportan ingreso alguno a la Comuna. Las licitaciones de esos servicios fueron poco transparentes y tuvieron vicios de origen además de que no hay se-guimiento del cumplimiento de las obligaciones del concesionario. Las experien-cias negativas de las concesiones de alum-brado público y de recolección de basura generaron desconfianza sobre los parquímetros de la ciudad capital: en la segun-da quincena de julio, el 49 por ciento de los ciudadanos desaprobó la medida y 40 por ciento la aprobó. Entre la tercera y la cuarta semana del pasado mes de julio, cuando los parquímetros estuvieron en la mesa de discusiones, los ciudadanos que desaprobaron esa medida aumentaron 10 por ciento.
La Compañía Operadora de Estacio-namientos Mexicanos, S.A. de C.V. fue la agraciada para operar 9 mil cajones en la capital. Cada uno de esos cajones tiene la prerrogativa de cobro por 66 horas a la semana, a un costo de ocho pesos la hora (nueve pesos en determinados sitios). El ingreso bruto anual por derecho de parquímetros podría ser de 247 millones de pesos y, en 15 años de concesión sería de 3 mil 706 millones de pesos. El 40 por cien-to del total de ingresos brutos le corresponde al ayuntamiento poblano. No hay se-guro por robo de autopartes y es probable que se establezca un seguro en caso de ro-bo del automóvil. Comparado con el pre-cio autorizado para los estacionamientos de la ciudad (entre nueve y 12.50 pesos la hora), el de los parquímetros es alto; con relación a lo cobrado en otras ciudades de la República, también es caro. La concesión vulnera algunos derechos: cede a un particular el fijar una multa y cobrarla, sin tener el consentimiento del supuesto infractor y, obliga a los propietarios de in-muebles a indemnizar al concesionario por la introducción de agua, drenaje, teléfono, cable o gas o cualquier tipo de obra en el subsuelo de los parquímetros. Es-tas irregularidades han generado polémica y los organismos patronales, el PAN y el PRI se han opuesto a la concesión.
Los ciudadanos que se oponen al es-tablecimiento de los parquímetros argumentan que es un precio excesivo y un ar-tero golpe a las deterioradas finanzas per-sonales; comentan que propiciará la co-rrupción; de que no habrá beneficios pa-ra la colectividad; refrendan que la vía es pública y no de los concesionarios; que subsistirá la inseguridad y que aumentará el desempleo, ya de por si dramático por la crisis económica. Los que aprueban los parquímetros, argumentan que habrá mayor fluidez vehicular; más espacio; ma-yor seguridad y más comodidad y que se evitaría que los comerciantes y franeleros se apropien del espacio público.
Los ciudadanos que mostraron mayor disposición al rechazo de los parquímetros fueron las mujeres, las amas de casa, los y las adultas entre 30 y 59 años; los que tienen nivel de estudios de licenciatura o más, los empleados, los que poseen autos, los que ganan entre 5 y 24 salarios mínimos y los simpatizantes del PRI y del PRD. Los que mostraron menor dis-posición al rechazo son los hombres, los ciudadanos menores a 30 años y los ma-yores a 60 años, los que registran un ni-vel de escolaridad menor a licenciatura; los estudiantes; los que no poseen autos y los que perciben menos de cinco salarios mínimos al mes o los que ganan 24 o más salaros mínimos; los panistas y los ciudadanos que no se identifican con nin-gún partido. Los que tienen autos, los que los estacionan en la zona de parquímetros y, los que ganan poco y tiene muchos gas-tos son los que se oponen y, en esa situación se encuentra la mayoría de ciudadanos. La solución obligada es que el ayun-tamiento sea quien los administre, como lo reclama el 71 por ciento de los ciudadanos que aprueban el establecimiento de parquímetros, la tarifa debe ser reducida, la propuesta ciudadana de quienes aprueban dicho proyecto es de 6.52 pe-sos la hora. El momento para establecer los parquímetros no es el adecuado: hay desempleo creciente, lento crecimiento eco-nómico y alza generalizada de precios; habría que postergar la decisión.
