Por un lado, AC y su “interés claro”, según algunos políticos locales, por ganar espacios de trascendencia en este municipio; y por el otro, el interés por delatar y relatar los últimos acontecimiento sindicales en Atlixco, uno de los más importantes escenarios mundiales de defensa y organización en torno a los derechos humanos y laborales en las maquiladoras, tarea a cargo del Consorcio de los Derechos del Trabajador (WRC) por sus siglas.
La mano
Según el amplio reporte difundido el 3 de julio, Worker Rights Consortium (WRC) monitorea el cumplimiento de los derechos laborales. Todo arrancó, sostiene el expediente, en respuesta a los alegatos traídos al WRC por el Centro Americano para La Solidaridad Sindical Internacional en México, sobre “que los obreros de Mexmode habían sido sujetos a violencia e intimidación dentro de la empresa y de que el gobierno mexicano intervino ilegalmente en los asuntos internos del sindicato”.
Los testimonios, afirma, “son particularmente acciones de violencia e intimidación llevadas a cabo por partidarios de Antorcha Campesina, una organización política con nexos cercanos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los mayores partidos políticos de México y quien ostenta el poder en el estado de Puebla, en contra de los líderes electos del Sitemex”.
La investigación, aseguran, incluyó entrevistas con los trabajadores de la producción, supervisores, gerentes, representantes sindicales y funcionarios gubernamentales, así como la observación directa de eventos importantes y una revisión de documentos relevantes. “Todo fue complementado con un análisis legal por parte de un experto en ley laboral mexicana”.
El diagnóstico, sostiene WRC, arrojó un panorama: “Algo que empezó como un esfuerzo pacífico de unos miembros del sindicato por despejar preocupaciones acerca de sus líderes, fue efectivamente secuestrado por actores políticos externos, es decir, Antorcha Campesina y sus aliados en el gobierno local. Los empleados reclutados por esa organización priista cometieron una serie de ataques físicos a representantes sindicales electos dentro de la fábrica. La mayoría hechos por hombres contra mujeres trabajadoras”.
Añade el análisis de WRC: “Después de que empleados de Mexmode que participaron en los ataques físicos contra sus compañeros fueran suspendidos por la gerencia de la fábrica, una (presumiblemente ya dejó el cargo) alta funcionaria del gobierno del municipio de Atlixco, María Antonia Espejel, organizó y participó en una protesta en la compañía, demandando su reinstalación. La protesta involucró amenazas de violencia”.
Esta mujer, abunda el texto, se identifica como representante regional de Antorcha Campesina. “Por razones obvias, no es apropiado para un (entonces) funcionario de gobierno liderar una protesta civil diseñada para cohesionar negocios o individuos, mucho menos protestas que involucran amenazas de violencia”.
Esta misma (ex) alta funcionaria del gobierno de Atlixco, afirmó la Organización no Gubernamental, “convocó y presidió una asamblea de miembros del sindicato, siendo el principal punto en la agenda la remoción de los líderes sindicales existentes en el poder, para ser reemplazados por una lista de candidatos apoyados por Antorcha Campesina. La ley mexicana no permite este nivel de interferencia por parte de funcionarios de gobierno en los asuntos internos de un sindicato”.
Esa intervención de funcionarios del gobierno local en una elección sindical, aseguró WRC, también representa una violación al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Antes y después de los violentos ataques a obreros de Mexmode, el gobierno municipal de Atlixco brindó material de apoyo para el grupo Antorcha Campesina en la fábrica incluyendo camionetas, comida, transporte, y un sistema de sonido para eventos públicos, así como asistencia legal”.
Incluso, insiste el reporte, “el jefe de la Policía del municipio de Atlixco amenazó a directivos de la maquiladora diciendo que iba a retirar al personal de seguridad de las instalaciones de la fábrica durante la protesta. Esto porque los primeros se quejaron que el propio jefe de la Policía local había traído a la representante de AC”.
