El pasado 31 de julio el Congreso eligió a Maritza Marcia Bullen Navarro como nueva presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), y tres días después de ese nombramiento ocurrió el intento de homicidio en contra del legislador local José Manuel Pérez Vega, quien fue emboscado por policías y funcionario municipales de Tlacotepec de Porfirio Díaz. A ocho días del suceso, la ombudsman ha guardado silencio sobre el caso.
Al mismo tiempo, un grupo de organizaciones no gubernamentales ha demandado públicamente que la ombudsman dé a conocer su plan de trabajo y, sobre todo, demuestre que actuará con independencia del Poder Ejecutivo, luego de que su antecesor, Cándido Flores Mendoza, nunca fue crítico con abusos cometidos por funcionarios del gobierno estatal. Hasta ahora, la presidente de la CDH tampoco ha respondido a ese llamado.
Estos dos aspectos le dan un mal inicio de gestión a Marcia Bullen, y despiertan dudas de que la funcionaria represente una opción de mejoramiento del funcionamiento de la CDH, la cual es una institución fundamental por el papel que juega en el equilibrio de los poderes públicos, pero que en Puebla carece de prestigio, credibilidad y de eficiencia.
Hace unas semanas en la capital del país la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue una parte neurálgica para deslindar responsabilidades en la tragedia ocurrida en una discoteca, lo cual demuestra la importancia de estos organismo. Sin embargo, parece que en Puebla no se tiene esa visión, o por lo menos no la comparte Marcia Bullen.
