Hace un mes estalló en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) un conflicto producto de un malestar generalizado contra la delegada en Puebla, Anahí Romero Alonso, a quien se acusó de no saber cómo funciona el organismo y ponerlo al servicio del PAN. Ahora se constatan esas acusaciones, pues en los próximos días serán nombrados cinco funcionarios que se harán cargo de áreas estratégicas de la CDI y son especialistas en derecho fiscal, en turismo, en teléfonos celulares, en administrar un Italian Coffee, que solamente tienen la secundaria como grado académico… pero que no saben nada en materia de desarrollo de pueblos indios.
El conflicto de la CDI no está resuelto. La mayoría de los trabajadores quieren la salida de Anahí Romero y la delegada, simplemente no convive con quienes ahí laboran. Además de que existe un ambiente de zozobra, pues se sabe que se intentará despedir a la mayoría del personal.
Algunos dirigentes del PAN que han salido en defensa de Anahí Romero –como es el caso del senador Humberto Aguilar Coronado– justifican que el malestar contra la delegada es producto de que la funcionaria busca combatir la corrupción que privaba en la CDI, además de que ahora si se hará cargo del organismo personas que reúnan el perfil requerido, que se ajusten a los criterios del servicio civil de carrera. Sin embargo, las acciones emprendidas por la funcionaria indican todo lo contrario.
A este tecleador llegó una copia de los expedientes de cinco personas que intentarán ser integradas de la CDI y que tendrían bajo su control áreas dedicas a la construcción de infraestructura y aprobación de proyectos productivos –que son de alta rentabilidad electoral para el PAN– y que, de acuerdo a estos documentos, se constata que nunca ha tenido la más mínima experiencia en desarrollo de los pueblos indígenas. Quizá hasta ignoren que en Puebla hay indígenas, que existen siete etnias y que el estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en diversidad cultural y lingüística.
Una las propuestas es la de Brenda Flores Ramírez, quien tiene 26 años de edad, se graduó en Derecho en la UDLA y tiene una maestría en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana.
Brenda Flores fuera de haber tomado un curso en primeros auxilios –no es broma, así viene en su curriculum–, en ética y sobre equidad de género en la Sedesol, no muestra otro grado de preparación en materia de desarrollo social.
A su corta edad, no se explica como actualmente es jefa del Departamento de Operación Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social –puesto que ocupa desde enero de este año–, y antes de eso, fuere jefa de Departamento de Centros Comunitarios. Es claro que esos cargos no los alcanzó por escalafón o mostrar preparación académica para ello, sino únicamente por obra y gracia de Anahí Romero, quien también es egresada de la UDLA.
Otro caso grave es el de José Luis González Acosta, quien tiene 29 años de edad y es licenciado en Administración de Empresas por la UAP. Su corta experiencia laboral se reduce a haber sido gerente de tres establecimientos de la cadena The Italian Coffe Company, ser secretario particular del presidente de Canacintra, supervisor regional de la empresa de telefonía celular Telcel y haber sido secretario particular de Anahí Romero cuando ésta era delegada de Sedesol.
Llama la atención, que José Luis González pone como “experiencia adicional”, es decir como actividades menores, haber sido asesor de dos presidentes municipales, cuando es lo que quizá lo acerca un poco al ámbito del servicio público.
Un tercer caso es el de María de Lourdes Velázquez Díaz, de 43 años de edad, que destaca que tiene 14 años laborando “en la iniciativa privada”, pero el caso es que todavía no obtiene el titulo de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas por la Escuela Técnica de Turismo Roberto Cañedo Martínez.
Su experiencia laboral se ha desarrollado en el Hotel Acapulco Princess, donde coordinaba actos especiales; en la empresa Joan Fabrics Corporation del Grupo Corporativo Texel y se hacía cargo de la cobranza de exportaciones; en la empresa Alexander Forbes México y en donde era asistente de la dirección; en el Sistema Nacional DIF, sitio en el que se encargaba de actividades administrativas, de análisis, diseño de estadísticas y corrección ortográfica de documentos; y por último, en la delegación de Sedesol, en Puebla, en donde aparte de ocuparse del archivo coordinó un par de programas de desarrollo local y de migrantes.
Otra persona que aspira a ser integrado como funcionario de la CDI es Gaudencio Gaona Simón, que tiene como máximo grado académico la secundaria, ya que apenas está estudiando el bachillerato, ¡pese a que tiene 38 años!
Su experiencia laboral, dicho por él en su curriculum, es que fue encuestador en un censo y que creó su propio negocio. El único merito que tiene esta persona es ya haber sido alcalde de Zongozotla en el año 2002 y ser funcionario, desde enero de este año, en la delegación de Sedesol.
El quinto candidato a ser funcionario de la CDI es Marcos Pérez González, un ingeniero de 29 años de edad, que ya fue encargado de obras públicas en los ayuntamientos de Chignahuapan y Zacatlán. Fuera de eso tomó cursos de presentaciones de programas o de cómputo.
La gente que será desplazada por estas cinco personas, en caso de ser sustituidas, no solamente tiene preparación académica en desarrollo social y sustentable, en desarrollo rural y en antropología, sino que cuentan con una larga experiencia en la elaboración de proyectos. La justificación para desplazarlos es que no se ajustan al perfil exigido por la CDI.
Sin embargo, cuando se lee los expedientes de quienes aspiran a reemplazarlos queda claro que es una mentira eso del “perfil”, pues a quienes se quiere poner son ajenos a las funciones básicas de la CDI y no cuentan con la preparación académica. Todo indica que la renovación se debe a dos factores:
a) Se quita a los que están por no ser afines al PAN.
b) La delegada de la CDI cree que el meollo del atraso de los pueblos indios se debe a problemas fiscales, a la mala utilización de teléfonos celulares o de archivos de computadora; o a que no tienen vocación turística. Dicho de otra manera, Anahí Romero no tiene la menor idea a que se dedica la comisión que encabeza.
