La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se incorpora a los probables casos de corrupción que han deteriorado la confianza de la ciudadanía. Agropraxis y Agronexos, son dos organizaciones en las que participaron esposas de funcionarios de esa dependencia y que además recibieron recursos de la institución destinados a programas de capacitación y creación de empresas de carácter rural.
Agronexos obtuvo 1.5 millones de pesos de la SRA –para la producción de un licor artesanal denominado Raicilla– en octubre de 2007. Esta sociedad fue creada cuatro meses antes, en Jalisco, y tenía entre sus socios a Araceli López, esposa de Luis González, funcionario asignado al Programa Joven Emprendedor Rural, que tiene como objetivo impulsar proyectos productivos.
En forma similar, Agropraxis, donde era socia Perla Paola Sánchez, ex esposa del director de Política y Planeación Agraria, Wilfrido du Solier Espinosa, participó en un proyecto que la Secretaría apoya. El propio du Solier, dijo que Agropraxis fue beneficiada con recursos de la dependencia a través de una organización de jóvenes empresarios que contrató sus servicios de capacitación y asesoría.
La inclusión de Araceli López en Agronexos fue un punto de tensión entre el actual director general de Política y Planeación Agraria, Wilfrido du Solier, y Luis González.
Este último personaje trabajó en el Programa Fondo de Tierra e Instalación del Joven Emprendedor Rural (FTJER) de la Secretaría de la Reforma Agraria bajo el régimen de “servicios profesionales”.
El titular de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar asegura que si bien hay varias empresas que están contratadas para desarrollar capacitación en los proyectos de subsidio como “Joven Emprendedor Rural” y “Formar”, desconoce si hay alguna irregularidad en estos programas. “No tengo ninguna información de que haya algo irregular, para mí si hay cualquier actividad irregular en la Secretaría, soy el primero en combatirla, tenemos una campaña en contra de la corrupción y nosotros mismos en cuanto detectamos algo tomamos la medida de suspender a la persona o consignarlo al órgano interno de control, inclusive en algunos casos a la Procuraduría General de la República. Desconozco si Función Pública está haciendo alguna investigación”.
Llama la atención una vez más que los asuntos de abuso de poder en beneficio de privados terminen en la mayoría de los casos en simples inhabilitaciones para los servidores públicos responsables, ya sea por inconveniencia política o por insuficiencia de pruebas. Queda claro que los mecanismos que hacen posible malversar dinero público por resquicios legales o de las estructuras institucionales permanecen intocados. La Ley de Acceso a la Información Pública es lo único que ha hecho el gobierno federal en los últimos ocho años a nivel profundo para combatirla. La población confiará más en la inversión privada, los impuestos, los fondos de pensiones y los proyectos gubernamentales en general cuando defraudar al erario sea en extremo difícil y las consecuencias de hacerlo, entrañen serias repercusiones jurídicas y sociales.
