Además, pidieron al Congreso local que disuelva el cabildo del municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, dada la grave situación social que se vive ahí y las irregularidades cometidas por el presidente municipal.
A través de un pronunciamiento suscrito por la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del valle de Tehuacán, la Comisión Parroquial de San Martín Tours, Unión de Campesinos Pobres de Chichiltipec, Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala, Promotores Culturales del valle de Tehuacán, Fuerza Popular de Colonos, los activistas señalaron a los autores intelectuales y materiales de la agresión contra el diputado.
Los representantes de las organizaciones señalaron que los policías que hasta ahora han sido detenidos son sólo chivos expiatorios, y la fiscalía encargada de este caso debe actuar contra los responsables intelectuales de esa tortura: de lo contrario, la Procuraduría General de Justicia consentirá el clima de impunidad que prevalece en la Sierra Negra desde décadas atrás.
“Repudiamos la salvaje y brutal agresión cometida por los policías municipales del ayuntamiento de Tlacotepec de Díaz, y en la cual son responsables principales y prófugos de la justicia, además de esos elementos de Seguridad Pública, las siguientes personas y autoridades: Esteban Gorgonio Merino Mendoza, alcalde, él es el autor intelectual del atentado; Antonio Merino González, hijo del edil, sin cargo alguno pero es la persona que de facto gobierna en el municipio en usurpación del puesto de su progenitor; Horonato de los Santos López, regidor de Gobernación; Agustín de los Santos López, sin cargo alguno en el ayuntamiento y hermano del anterior; Abel Pereyra, alias “El Jarocho”, pistolero del edil; Rubén Rivera Bravo, regidor suplente en funciones de industria y comercio, y Fabián de la Vega Reyes, chofer del ayuntamiento”.
Pereyra es uno de los principales agresores del diputado José Manuel Pérez Vega y sus dos asesores, Hervey Rivera y Rafael García, según han denunciado penalmente ellos mismos.
Los activistas también señalaron que hay seis policías municipales que participaron en la tortura contra el legislador que no han sido detenidos, ellos son: Rafael Cantero Flores, Fidel Alejandro García Castro, Joaquín Lezama Castro, Antonio Hernández, Urbano Pérez Hernández y Norberto Limón Ríos.
En el pronunciamiento de las organizaciones no gubernamentales se apunta: “Denunciamos que la familia del regidor de Gobernación, Honorato de los Santos López, ha violentado durante años a los pobladores de su comunidad de origen (Cuaxuxpa, Tlacotepec de Díaz), llevando a cabo agresiones físicas contra los disidentes a su cacicazgo. Esta persona, inclusive, fungió como inspector auxiliar municipal durante 6 años, violando la Ley Orgánica Municipal que establece un periodo de tres años. Actualmente su hermano Rómulo de los Santos López está sujeto a proceso penal en Tehuacán (Juzgado Segundo de lo Penal. Proceso: 38/2008) por el homicidio de Marco Antonio Cantero Cabanzo, asesinato que cometió con la complicidad de su hermano Honorio, quien está prófugo de la justicia y evadiendo una orden de aprehensión. Este homicidio intencional ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre de 2007 en el camino a la comunidad de Tepetla.
“Denunciamos nuestra preocupación en el sentido de que el gobierno del estado utilice a los policías detenidos como chivos expiatorios y se deje sin castigar a los responsables principales. Esto por la cercanía que tiene Esteban Gorgonio Merino Mendoza con Mario Marín Torres y políticos como el presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, quienes pudieran mover sus influencias políticas para que las familias Merino Mendoza y De los Santos López permanezcan impunes”.
“Denunciamos que los abusos de autoridad en contra de Guillermo Berlín Rivera por parte del alcalde Esteban Merino fueron tolerados por el delegado de gobernación en Tehuacán, Joaquín Mexicano Michimani, quien en reuniones celebradas en mayo entre ambas autoridades de Tlacotepec, en vez de fungir como mediador en todo momento hacía las labores de abogado del alcalde. De estos problemas tuvo conocimiento Joe Hernández Corona e hizo caso omiso, dejando crecer las cosas hasta el punto en que están el día de hoy.
En dicho documento se añade: “Como organizaciones defensoras de derechos humanos exigimos al Congreso del estado la desaparición del cabildo del ayuntamiento de Tlacotepec; para tal efecto, el día lunes haremos el trámite respectivo ante la Legislatura de la entidad.
“Exigimos que los autores intelectuales y materiales sean castigados conforme a derecho. Aclarando que los policías que fueron detenidos por la PGJE y PJE sí participaron en los hechos, pero los principales responsables están libres y deberán ser sometidos a juicio, porque de lo contrario los detenidos servirán como simples “chivos expiatorios” para el lucimiento de la Fiscalía.
“Exigimos se respete la seguridad de Guillermo Berlín Rivera y de todos los integrantes de la organización independiente “La voz indígena de la Sierra Negra en movimiento” y sus familias, decretándoseles medidas cautelares que aseguren la integridad física de todos ellos, en razón de que están amenazados de muerte por Antonio Merino González, hijo del presidente municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz, y por Honorato de los Santos López, regidor de Gobernación de esa comunidad, así como también por su hermano Agustín, sin puesto público”.
