En la sesión del Congreso del estado los diputados de diferentes fracciones parlamentarias manifestaron su indignación por la agresión sufrida por el legislador José Manuel Pérez Vega; sin embargo, la fracción del PRI impidió que el Poder Legislativo aprobara un punto de acuerdo para que el alcalde de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino, pidiera licencia del cargo en lo que se desarrollan las investigaciones sobre el caso.
El comportamiento de los legisladores priistas es un mal precedente, pues podría ser indicativo de lo que a los autores materiales e intelectuales del atentado que sufrió José Manuel Pérez Vega se les buscará dar impunidad y solamente se castigará a servidores públicos menores, como son los agentes policiacos detenidos en Tehuacán.
Más allá de que se castigue al edil de Tlacotepec, es fundamental preguntarse cómo evitar que en diferentes partes del estado sigan proliferando alcaldes autoritarios que actúan como virreyes al suponer que en sus demarcaciones pueden actuar al margen de la legalidad y en contra de los derechos humanos.
Esta situación se evitará cuando en el estado se tenga un Poder Legislativo y una Secretaría de Gobernación comprometidas con la legalidad, pero sobre todo con la sensibilidad suficiente de atender con prontitud quejas de los ciudadanos que continuamente presentan contra abusos cometidos por autoridades municipales, las cuales, generalmente, son ignoradas o se atienden de manera parcial.
Si el Congreso o la Secretaría de Gobernación hubieran atendido las denuncias que desde hace semanas existían contra Gorgonio Merino se hubiera evitado la agresión contra José Manuel Pérez Vega, y la población del municipio no viviría en un estado de terror por las tropelías de la administración municipal.
