Desde el año 2003, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga al gobierno –salvo obligadas excepciones, por ser reservada o confidencial– a una apertura de su información y archivos, en donde se supone, según María Marván Laborde, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, permitía dar solución a una exigencia democrática que establecía que el espacio gubernamental sea efectivamente público y de todos los ciudadanos que conformamos el Estado mexicano, sin privilegios, ocultamiento de informción, ni prebendas, además de mostrar un Estado que resspeta los datos personales.
En el estado de Tlaxcala este proceso inicia tarde y de manera incompleta, hay que recordar que en el proceso de evaluación del acceso a la información en el estado del año pasado, se obtuvo una calificación de 5.75, convirtiéndose en una de las peores calificaciones en el país.
En el tema ambiental esto es particularmente delicado, ya que, por una parte, instituciones como la Coordinación General de Ecología hacen un llamado a una participación activa de todos los integrantes de la sociedad con el fin de generar la búsqueda de un mejor ambiente y en el mantenimiento de nuestra salud, y por otra generan mecanismos para que el diagnóstico de los ríos Zahuapan y Atoyac no sea entregado a la población, a pesar de que la información sea solicitada conforme lo estipula el artículo 8 constitucional que establece que: “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”.
Si bien esto no es privativo del estado de Tlaxcala, ya que en el seminario organizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre el Acceso a la Información Ambiental este año, se observó como un problema generalizado. Consideramos que es indignante que esto siga ocurriendo, ya que como menciona Olinca Marino, “un factor importante para actuar es contar con información clara y fidedigna sobre los problemas y posibles soluciones ambientales, pues sólo quien conoce las causas de los problemas puede participar de manera eficaz en la propuesta de soluciones”.
Habría que preguntarse entonces: ¿Qué tipo de participación quiere la Coordinación General de Ecología? ¿Sólo para validar los programas por ellos diseñados como Metamorfosis por la Ecología? ¿O no es válida la participación a partir de analizar la información por ellos generada en este tema?
Pues sólo con información clara y eficaz se puede tener un mayor conocimiento de los factores que provocan la contaminación y por consiguiente de los daños a la salud provocados, una mayor y mejor participación en los procesos comunitarios y por consiguiente en la toma de decisiones ambientales relacionadas con las afectaciones a la salud y finalmente el establecimiento de propuestas y de exigir soluciones para tener un mejor ambiente y políticas públicas en ambiente y salud adecuadas e integrales.
Es importante que el propio gobierno entienda que si realmente desea generar procesos de democratización, ya que desde el año 2004 Olinda Marino hacía referencia de que uno de los elementos fundamentales es que la información pública por ellos generada debe convertirse en un saber que le corresponde a los ciudadanos y que de ningún modo o de forma injustificada, puede permanecer como conocimiento exclusivo de las administración pública.
Desde el Centro Fray Julián Garcés se ha compartido la información generada, consideramos que una de las funciones de las autoridades ambientales también debe ser compartir con la ciudadanía el conocimiento que poseen; además de tomarla en cuenta antes de cualquier decisión que involucre políticas públicas sobre gestión ambiental.
Así, una de las exigencias más importantes sería establecer un intercambio de información entre gobierno y ciudadanía. Pero además solicitando que este intercambio sea realizado de forma transparente y sin ocultar información, sólo así tendremos realmente confianza en este ejercicio de gobierno por parte de autoridades y funcionarios y que hasta la fecha no ha dado resultado, ya que a final de cuentas es necesario recordar que ese diagnóstico realizado por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN tuvo un costo de casi 6.5 millones de pesos y del cuál los pocos resultados que se conocen son las referencias generales desde la prensa escrita.
¡Con información podemos actuar mejor para lograr un ambiente sano! ¡La información ambiental debe ser pública!
*Atoyac–Zahuapan y Calidad de Vida
