Todavía no se apagan los ecos del debate en el Senado sobre la reforma energética, ni las opiniones encontradas en torno a la consulta directa a la ciudadanía respecto a su opinión de privatizar o no la explotación de los pocos recursos energéticos que le quedan al país, cuando los discursos oficiales del gabinete de gerentes vendepatrias están proclamando a los cuatro vientos que todos los mexicanos estamos de acuerdo en lo general en torno a la reforma energética, incluso el millón aproximado de mexicanos que se atrevieron a manifestar su opinión en la consulta.
Independientemente de los resultados de la consulta previsibles, tanto en decir no a la privatización de Pemex como en el reducido número de participantes, este ejercicio de democracia directa (esa, que según los teóricos neoliberales no existe y es pura ficción), ha dejado en claro muchas cosas, de entre las que destacan dos:
Al gobierno gerencial–empresarial que ha usurpado el poder del Estado mexicano, no le gusta ni tantito la idea de que la ciudadanía participe en cualquier ejercicio de tipo democrático y participativo; ello quedó claro, primero por la negativa al debate público en torno a la reforma energética, mismo que se tuvo que aceptar a regañadientes ante la presión social y que sirvió, en gran medida, para evidenciar muchos hechos ocultos tras la reforma, que van desde el uso discrecional de los excedentes petroleros hasta la devolución de miles de millones de pesos a las grandes empresas, compensados en el gasto público con las exacciones excesivas a las utilidades de Pemex, agudizando la descapitalización de la empresa, principal argumento para entregarla a las transnacionales.
El menosprecio a la participación ciudadana también se hizo patente a través de la costosa campaña mediática (financiada con nuestros impuestos) para desinformar, descalificar y boicotear la consulta ciudadana, tachándola de servir a los intereses de un sólo partido, de ser ilegal, de ser confusa, improvisada y un largo etcétera que finalmente no pudo impedir la realización de este ejercicio que tiene como antecedente otra consulta a la ciudadanía que realizara el EZLN hace algunos años.
El mensaje del poder de facto ha sido claro: la democracia se limita a los procesos electorales (haigan sido como haigan sido); esa es la única opción participativa que a la ciudadanía se le permite, porque, según él, no tiene ni la preparación, ni el conocimiento ni la visión de los tecnócratas neoliberales que sí saben buscar los resquicios y las interpretaciones torcidas de la ley para violarla (a través de leyes reglamentarias de menor jerarquía, por ejemplo).
Por otro lado, lo que está en el fondo de la discusión, es mucho más grave: si los recursos naturales, de acuerdo con la Constitución vigente pertenecen exclusivamente a la nación, ¿Quién es la nación? ¿Quién la representa? ¿Quién puede decidir en cuestiones tan fundamentales como los recursos energéticos? Para el gobierno la respuesta es evidente: el aparato tecnoburocrático del Estado es quien decide en definitiva, a través de un partido supuestamente mayoritario y a través de un proceso simulado de delegación representativa de la voluntad popular. En síntesis, deciden los tecnoburócratas impuestos por el poder empresarial, apoyados en un cuerpo de representantes (igualmente impuestos) que convalidan formalmente las decisiones de una minoría que afectan a la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos.
Consultas como la de este domingo, debieran ser ejercicios permanentes en todos los niveles de la vida sociopolítica de nuestro país que sirvieran para que los ciudadanos asumieran su propia responsabilidad en la resolución de los conflictos que día a día se generan en medio de un mundo que se desintegra en aras de un modelo económico depredador y destructivo que está muy lejos de considerar las necesidades básicas del ser humano. Sin embargo, a los aparatos del Estado y a sus patrocinadores, no les conviene; no por nada, las formas de democracia directa (referéndum, plebiscito, revocación de mandato, entre otras) siguen proscritas de las prácticas sociopolíticas.
En definitiva, además de lo que opinen detractores y defensores de la consulta sobre la privatización de los recursos naturales (que todavía pueden ser motor de un cierto tipo de desarrollo), el ejercicio debiera servir no sólo para abrir canales de una participación creciente de la voluntad ciudadana en las decisiones que atañen directamente a su soberanía y al proyecto de país que beneficie a la mayoría de mexicanos (y no a unos cuantos aliados con intereses extranjeros).
El instaurar prácticas de democracia directa depende, en última instancia, de la voluntad ciudadana organizada en nuestro país.
