El Panel de Observación de Derechos Humanos en Puebla condenó la tortura perpetrada por elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz al diputado petista José Manuel Pérez Vega, y anunció que en las próximas horas exigirá formalmente al Congreso local y al gobierno del estado la disolución del cabildo de aquella localidad.
Los representantes de las organizaciones que integran el Panel –el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, la Red Democracia y Sexualidad y el Comité Cerezo– criticaron además la actuación de la recién nombrada presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH), Maritza Marcia Bullén Navarro, porque emprendió hasta apenas el lunes por la mañana una indagatoria sobre el caso, cuando los activistas iniciaron la defensa del representante popular a pocas horas de su desaparición.
“La confianza que hay sobre la CDH ha quedado corroborada en este asunto, porque la gente cercana al diputado acudió primero con nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, para intervenir a favor de él, y no fueron a la comisión. Este es un asunto, el primero con el que arranca la gestión de Maritza Bullén Navarro, y consideramos que ha iniciado con el pie izquierdo”, declaró en entrevista Fernando Cuéllar Muñoz, presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, “Joel Arriaga Navarro”.
Los activistas se apersonaron en el salón Gobernadores, donde el subsecretario de Gobernación, Joe Hernández Corona, y el titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, ofrecieron una rueda de prensa y cuestionaron la posición oficial que soslaya los disparos que se hicieron durante la tortura a Momoxpan y sus acompañantes, porque “posiblemente fueron tirados al aire” (sic).
Más tarde, los defensores de los derechos humanos arribaron a la sede del Poder Legislativos para escuchar de viva voz la versión de José Manuel Pérez Vega sobre la agresión. Terminada la rueda de prensa que éste ofreció, se acercaron para solidarizarse y anunciaron que hoy por la mañana brindarán con mayor amplitud su postura sobre el caso.
“Lo que queda claro es que vivimos en un estado de completa impunidad para quienes violan la ley. Este es el estado de Mario Marín Torres, que ya no tiene ni ley ni justicia después de que él fue exonerado por las violaciones que cometió contra (la periodista) Lydia Cacho”, sentenció Cuéllar.
