La agresión sufrida por el diputado local José Manuel Pérez Vega –también conocido como Pepe Momoxpan– no se puede catalogar únicamente como un caso más de brutalidad policiaca, no es un simple abusos de agentes de seguridad pública, sino se trata de un asunto de violencia política, misma que ha venido generando el alcalde de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, con absoluta impunidad y que al parecer ha sido solapada desde la Secretaría de Gobernación y el Congreso local.
Desde principios de este mes, había por lo menos dos importantes quejas contra el edil de Tlacotepec de Porfirio Díaz, una de ellas, por privación ilegal de la libertad de unos labriegos, a quienes se les quiere despojar de sus predios. En ambos casos, poco o nada se hizo para frenar las tropelías del alcalde. Las denuncias, como siempre, se mandaron al archivo y se determinó que en “ese municipio no pasa nada”.
La emboscada que este domingo sufrió Pérez Vega, junto con su detención y posterior tortura, es una muestra clara de que en Puebla hay territorios donde priva la impunidad, donde domina la horca y el cuchillo para resolver conflictos, y es claro que no existe el Estado de Derecho. En esta ocasión las cosas no llagaron a más por ser el agredido un legislador, pero todos los días muchos ciudadanos sufren abusos de autoridades municipales sin que nadie los auxilie.
Y lo más grave es que los tres poderes públicos no hacen nada para cambiar esa oprobiosa realidad de amplias regiones del estado de Puebla.
Si el Congreso local y la Secretaría de Gobernación hubieran actuado a tiempo en contra del edil Esteban Merino Mendoza probablemente se hubiera evitado la agresión contra Pérez Vega y dos colaboradores, quienes sufrieron hechos de violencia que tienen características de que se trató de un intento de ejecución, ya que los estaban esperando cuando el domingo apenas llegaban a Tlacotepec, y ahí policías y una turba de pobladores los bajara de sus vehículos
El pasado 2 de julio un grupo de cafeticultores de la comunidad de Zacatilihuic presentó una queja ante el Congreso para denunciar que el ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio pretende quitarles un predio –de varias hectáreas– supuestamente para destinarlo a una obra pública, sin que medie un decreto expropiatorio y mucho menos un indemnización. Los quejosos señalan que de ese terreno viven seis familias y como se opusieron al despojo, el 14 de junio fueron citados para ser tratados de esta manera:
Un grupo de regidores del gobierno del edil Esteban Merino, junto con el síndico y otros servidores públicos, encerraron a los campesinos que suscribieron el escrito de protesta en la oficina de la Inspectoría Municipal de Zacatilihuic para obligarlos a firmar la cesión de los derechos del predio en cuestión. Ahí le dijeron que en un mes les quitarían la propiedad, sin importar que estuvieran o no de acuerdo.
Debido a que los campesinos que fueron encerrados no eran los titulares de la propiedad, los liberaron. El día 25 de junio, los mismos policías que el domingo agredieron al diputado Pérez Vega, fueron a detener a los mismos campesinos para que por segunda vez, mediante el uso de torturas psicológicas, los intentaran obligar a firmar la entrega del predio.
La denuncia de estos hechos la presentaron en el Congreso los hermanos –de origen náhuatl– Eleno, Juan, Margarita y Rutilio Saqueros Sánchez, sin que eso haya servido para que se hiciera algo para frenar al primitivo edil Esteban Merino Mendoza.
Otra situación similar es lo que ha pasado con Guillermo Berlín Rivera, un regidor del PRD, que denunció que el alcalde no acata las decisiones del cabildo, y que en su caso, le impide participar en las sesiones del cuerpo edilicio y cuando fue la elección de juntas auxiliares se falsificó su firma para aparentar que había convalidado los plebiscitos.
Berlín Rivera denunció ante medios de comunicación de Tehuacán las arbitrariedades del gobierno de Gorgonio Merino y en represalia, el 27 de junio, lo destituyeron –algo que la Constitución impide– y lo demandaron penalmente, sin que hubiera delito que perseguir. Por si fuera poco, al día siguiente, le negaron el pago de su dieta. Es decir toda una serie de actos de barbarie política.
Hace unos días, el edil Gorgonio Merino fue entrevistado en Tehuacán y haciendo gala de su vasta ignorancia, reconoció que había “castigado” al regidor Guillermo Berlín.
De esa situación se comunicó –ver escrito de abajo– a la Secretaría de Gobernación, pero como siempre, no se hizo nada.
