Dos indígenas nahuas de la región de Huitzilan de Serdán fueron despojadas de sus hijos por la agente del Ministerio Público de Chignahuapan, según denunció el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, “Joel Arriaga Navarro” AC, que añadió que en el caso hubo varias violaciones a las garantías individuales de las mujeres.
La representante social de Chignahuapan, Victoria Funes Veracruz –quien al parecer ya fue cambiada de adscripción–, no acreditó a plenitud el delito de corrupción de menores que imputó a María Luisa Cañadero Gómez y a Josefina Lorenzo Santos, ni tampoco dispuso de un traductor para auxiliar a las artesanas en su declaración ministerial, dijo Fernando Cuéllar Muñoz, presidente del centro.
El activista se presentó el viernes pasado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para solicitar una audiencia con el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, quien giró instrucciones para que se enmendaran las arbitrariedades y se comprometió a que los menores María Adriana y José Santos Gómez –de 13 y ocho años respectivamente–, además de Teresa Gómez Santos, de seis años, sean entregados a sus madres esta semana.
Los infantes permanecen en custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia desde el pasado 29 de junio y desde esa fecha sus progenitoras sólo los han podido ver una vez, explicó Cuellar Muñoz.
Limosnas
La desgracia cayó sobre las indígenas un día antes, el 28 de junio, cuando ellas arribaron a la cabecera municipal de Chignahuapan para vender sus artesanías, prendas para vestir y manteles, principalmente. Los acompañaban sus hijos. Cuando ya habían terminado la jornada y se dirigían a la central camionera con el fin de abordar el autobús que las regresaría a Huiztilan de Serdán, de donde son oriundas, las detuvieron varios elementos de la Policía Municipal.
Las artesanas y sus vástagos fueron conducidos a las instalaciones de la corporación comunal. Ahí separaron a las adultas de los hijos y así, separados, los llevaron a la agencia del Ministerio Público, donde la titular las acusó de corrupción de menores.
La prueba utilizada por la representante social fueron algunos volantes con leyendas que servían a los pequeños para pedir limosna.
Despojadas de sus criaturas, las indígenas estaban desesperadas. La agente del Ministerio Público las persuadió para que firmaran un documento que ellas no entendían porque no dominan el español. Según Cuéllar Muñoz, la funcionaria las engañó y coaccionó diciéndoles que si accedían les devolverían a los pequeños. Como las mujeres no saben firmar, rubricaron estampando un documento con su huella digital. Se presume que se trata de una carta en la que las madres ceden la custodia de sus vástagos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
No sólo perdieron a sus hijos. Ese día, a María Luisa Cañadero Gómez y Josefina Lorenzo Santos las autoridades ya no les devolvieron las pertenencias que les decomisaron en la detención: sus artesanías y 250 pesos a cada una. Sin dinero ni otros recursos, tuvieron que pasar la noche en una estación de autobuses del municipio de Chignahuapan.
Antes de que se marcharan de regreso a Huitzilan de Serdán, la pareja de indígenas fue citada por la agente del Ministerio Público para que retornaran una semana más tarde, con el objetivo de recoger a sus hijos. Ellas aseguran que la servidora pública les advirtió que volvieran solas, porque de lo contrario las encarcelaría durante 10 años.
intervenciones
Durante algunas semanas las mujeres no supieron qué hacer. Alguien les recomendó acudir al Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, “Joel Arriaga Navarro”, que desde hace meses está trabajando junto con el Panel de Derechos Humanos recabando testimonios de las arbitrariedades que comete en Huitzilan de Serdán, AC, organización afiliada al PRI.
De hecho las agraviadas son antorchistas, dijo Cuéllar Muñoz el pasado viernes, antes de encontrarse con el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra.
“Esta práctica de pedir limosnas es algo que enseña Antorcha Campesina. Nosotros nos hemos enterado de que éstas mujeres ni siquiera estaban enteradas de que sus hijos tenían esos volantes, porque los volantes se los entregó a sus hijos un hombre que también es antorchista y que se dedica al bolanteo de manera profesional”, expresó el presidente del centro.
Cuéllar dijo que “es muy grave que el procurador tenga que intervenir en este caso para que se resuelva, porque eso habla de que campea la ineficiencia en la procuraduría, que hay funcionarios que con una mano violan la ley y además criminalizan la pobreza, a los que no la deben los castigan y a los que sí los premian. ¿Cómo es posible que a estas dos mujeres las despojen de sus hijos mientras andan libres personas como Mario Marín (gobernador del estado acusado de atentar contra la periodista Lydia Cacho) y Manuel Hernández”, acusado de haber atacado con arma de fuego a un hombre en Huiztilan.
