La fracción poblana del PAN en la Cámara de Diputados federal comenzó una estrategia de difusión sobre las afectaciones a la economía familiar que traerá la instalación de parquímetros, pues se estima que en promedio una persona que trabaja o vive en el Centro Histórico pagará 72 pesos diarios por aparcar su automóvil, lo que significa una erogación de 2 mil 184 pesos mensuales, el equivalente casi a la renta de un departamento o despacho.
Incluso los legisladores panistas minimizaron el anuncio de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del estado sobre la realización de una consulta ciudadana para aprobar o rechazar esa concesión. Se trata, dijeron, de una acción que debió realizar el ayuntamiento de Puebla desde un principio, pero aun así los priistas encontrarán que nadie estará de acuerdo en tener que pagar por estacionar su coche afuera de su casa.
El diputado federal del PAN José Antonio Díaz García explicó que en los 15 años que durará la concesión, la empresa Jajomar obtendría ganancias hasta por 2 mil 800 millones por 9 mil 279 cajones de estacionamiento que se pretenden establecer en el Centro Histórico y las avenidas 25 y 31 Oriente–Poniente.
En conferencia de prensa, el ex delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que la concesión avalada por la mayoría priista en el cabildo de Puebla es inconstitucional y tiene vicios graves, como la falta de experiencia de la empresa en la operación de parquímetros, pues su trabajo se enfoca en estacionamientos cerrados.
Díaz García, a nombre de la fracción poblana de diputados federal, anunció la puesta en marcha de la campaña “En defensa de la economía familiar, parquímetros no, las calles son de los poblanos”, con el fin de que los ciudadanos conozcan el costo que traerá la instalación de los aparatos. La estrategia también incluye repartir volantes en los que se pregunta a la ciudadanía si este negocio beneficiará a Jajomar, Blanca Alcalá, Enrique Doger, Javier López o a Mario Marín.
El alto costo que traerá a la economía de los poblanos, añadió, es una justificación suficiente para echar abajo la medida, pero los legisladores federales, junto con regidores y diputados locales, pondrán en marcha las medidas legales que sean necesarias para impedir su aprobación por parte del Congreso del estado.
