Dos noticias importantes se produjeron ayer en torno a la concesión de instalación de parquímetros en la ciudad de Puebla. Por un lado, los diputados del PRI anunciaron que se realizará una consulta para que la ciudadanía decida si se acepta o no el contrato que se pretende dar a la empresa Jajomar. Por otro, la presidente municipal de la capital, Blanca Alcalá Ruiz, dijo que si el Poder Legislativo rechaza los parquímetros, ella acataría dicha decisión.
Es loable que los legisladores locales hayan decidido llevar el asunto de los parquímetros a una consulta popular, pues la instalación de dichos aparatos no solamente es un tema que ha sido rechazado por la ciudadanía, sino que hasta ahora no se ha podido convencer a la opinión pública de cuáles serían los beneficios para la ciudad de que se coloquen estos medidores. Y al revés, parece que habría más abusos que beneficios para la gente.
Mucho se ha insistido en que el caso de los parquímetros se ha complicado debido a que un funcionario estatal podría ser el beneficiario de que se coloquen tales aparatos o que por lo menos ha sido quien ha usado sus influencias para que no se eche atrás la concesión. Sería benéfico saber quién es esa persona y cuáles son los beneficios económicos que pretende lograr.
Es una medida positiva que se haya organizado la consulta sobre los parquímetros, pero ésta solamente funcionará en la medida en que los ciudadanos de Puebla tengamos toda la información acerca de la concesión de Jajomar, es un derecho fundamental saber todo lo que pasa en los espacios públicos de la capital.
