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Lunes, 28 de julio de 2008
La Jornada de Oriente - Puebla - Educación
 
 

 MAESTROS  

Otra realidad

 
Gustavo Santin

El rechazo generalizado al concurso nacional público de oposición para la asignación de plazas vacantes en el sistema de educación público del país ha generado diversas reacciones entre actores del quehacer educativo nacional incluidos quienes firmantes de la Alianza por la Calidad de la Educación y/o representantes del ejecutivo nacional, fijaron metas que por el momento se encuentran lejos de poder cumplir, interrumpen procesos de asignación de plazas desarrollados por algunas entidades de la Federación, violentan el pacto federal y procesos de descentralización de la vida nacional y generan exabruptos entre quienes amenazan con recurrir a medidas extremas para evitar ese proceso.

Pero en tanto se oponen egresados de la Normal Superior, estudiantes del Subsistema de Normales Rurales, secretarios y gobernadores de diversos estados de la República, miembros de la Coordinadora Nacional de la Educación, integrantes de los Comités Ejecutivos de las secciones y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba primera, reina y presidente vitalicia del CEN del SNTE se regodea por diversos ámbitos del territorio nacional engolosinada por un poder, ungido desde los pinos, que le proporciona trato por parte de muchos ejecutivos locales superior al los que el protocolo señala para los encargados de despacho del Ejecutivo federal, o equivalente al que se dispensa a la figura presidencial y por qué no, similar al que reciben visitantes extranjeros de “alcurnia”. Y ahí, en esa gira, desarrolla la estrategia de la doble negociación que le produce pingues ganancias económicas y políticas. Rinde y arrodilla a quienes otrora fueran sus aliados y que ahora, merced a los nuevos tiempos so pena de ser considerados enemigos de la organización, ratifican un proyecto político que minimiza la supremacía de los estados “libres y soberanos” y fortalece de manera desmedida el poder unipersonal de la mujer más poderosa de México.

El meollo del asunto y de la disputa tendría su origen en la ahora tan cuestionada calidad de la educación. Calidad que ni cubre expectativas de un país inmerso en la globalización ni mucho menos responde a parámetros internacionales que requiere el capital internacional, cuestión que no se resolvería con la simple y llana intención de aplicar un examen de conocimientos para encontrar a los más hábiles entre quienes formados por el estado, son incapaces de instruir, y mucho más de educar, a los niños, niñas, jóvenes y jovencitas bajo su encomienda.

El quid radicaría en las políticas públicas adoptadas por la administración gubernamental relacionadas entre otros asuntos con la administración de los recursos humanos al servicio de la educación pública y la propiedad privada de las plazas en manos de los trabajadores de la educación, con el proceso de formación de docentes y con las políticas de actualización y capacitación de los profesores, la reserva para la Federación de planes y programas de educación básica y normal, la forma de organización del proceso educativo, la exclusión de madres y padres de familia y de la sociedad de los procesos de evaluación del rendimiento escolar, la asignación de pagos de salarios y prestaciones al margen de los resultados obtenidos, etcétera.

La mejora de la calidad se encontraría vinculada a cambios profundos en las políticas públicas que terminen con la propiedad privada –y de por vida– de las plazas que ocupan los ahora denominados “trabajadores de la educación” vinculando la permanencia en ella a las evaluaciones que sobre el rendimiento del trabajo realicen madres, padres de familia y sociedad involucrada incluidos organismos internacionales, autoridades federales, locales y municipales. La mejora aludida se vincularía también con cambios en la administración de la educación en los que el centro del proceso académico y administrativo se centre en las escuelas, concluyendo con el monopolio federal de planes y programas y organización del proceso escolar. Destaca para concluirla, la incongruencia entre las competencias requeridas a los estudiantes de educación básica y lo que se enseña actualmente a quienes se forman en las escuelas normales de nuestro país.

 
 
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