En días pasados, apareció en la prensa local una nota que daba cuenta que al Congreso del estado no le dio tiempo adecuar en 12 meses la legislación local en materia de acceso a la información pública y transparencia, que ordena la reforma constitucional federal para antes del 20 de julio, omisión con la que incumplió este mandato.
Para salvar esta falta, se pedirá al Senado de la República una prórroga y le informará la razón por la que no acató dicha disposición.
Es tiempo ya de que en Tlaxcala se valore que la política pública de transparencia y acceso a la información pública gubernamental son sólo una cara de la moneda de la democracia, pues la otra pertenece a la sociedad.
La transparencia gubernamental eleva la legitimidad del poder público. El paso siguiente, entonces, consiste en hacer de la transparencia una realidad cultural desde el punto de vista político y esto es tarea del Estado.
La transparencia y el derecho de acceso a la información se ejercen con dificultades en la mayor parte del territorio mexicano, y a pesar de que las leyes correspondientes a los 32 estados y al gobierno federal pueden tener las mismas reglas o hasta el mismo precepto, existe una “enorme disparidad” en el cumplimiento y un nivel “no satisfactorio” en términos de respuesta a las solicitudes de información que hace la ciudadanía a las instituciones públicas.
En uno de los trabajos más recientes sobre el tema denominado “Métrica de la Transparencia en México”, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicos, se mencionan a los poderes ejecutivos de varias entidades que sobresalen por su omisión a dar respuesta, entre los que se encuentra Tlaxcala, que se destaca por nula “calidad de respuestas”.
Respecto a la información que por ley deben difundir en sus portales electrónicos de gobierno, sobresale por no aprobar los estándares mínimos nuestro estado.
En cambio, las entidades con niveles de cumplimiento alto en cuanto a la calidad de respuestas son: Distrito Federal (98.96 por ciento), Guanajuato (93.3), Colima (92.7) y Yucatán (91.4). En nivel intermedio se ubican el propio gobierno federal (82.8), Nuevo León (87), Coahuila (84), Quintana Roo (78) y Estado de México (75).
El promedio en la calidad de respuestas en 31 municipios y una delegación del Distrito Federal es de 45 por ciento. Me parece importante señalar que en el estudio se consigna que el mayor reto para los siguientes años será eliminar la “enorme disparidad” en el acceso a la información en México.
