A tres años de su inauguración, distribuidor vial Juárez–Serdán presenta los mismos daños como si tuviera una década de funcionamiento, debido a la deficiente construcción del distribuidor Juárez– Serdán y los vicios ocultos que aún guarda la obra.
Así lo señaló el secretario de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, Sergio Vergara Berdejo, quien ayer realizó un recorrido por el lugar para constatar los avances en el mantenimiento que la actual administración está dando a este paso.
La que en su momento fue anunciada como “la megaobra” del ayuntamiento que encabezó el panista Luis Paredes Moctezuma, tuvo un costo de 800 millones de pesos y su construcción duró más de dos años.
Sin embargo, la mala calidad de la obra, filtraciones de agua sulfurosa, placas de concreto que se están viniendo abajo, oxidación de estructuras, falta de señalización y de iluminación, entre otros, deterioraron en seis años la construcción, estimó Vergara.
El desprendimiento de pedazos de concreto sobre los carriles de circulación es lo que más pone en riesgo a los conductores, por lo que el distribuidor fue cerrado durante un par de días esta semana a fin de darle mantenimiento preventivo.
Agregó que fue la falta de mantenimiento lo que provocó que la estructura se fuera dañando y reconoció que es elevado el monto de reparar una obra de ese tipo.
Anunció que será este domingo 27 de julio, como plazo máximo, cuando la Comuna concluya la primera etapa de mantenimiento preventivo.
Informó que la dependencia a su cargo invirtió un millón de pesos en iluminación, pintura, jardinería, muros, pavimentos, alcantarillias, entre otros.
Actualmente, el ayuntamiento de Puebla enfrenta un litigio jurídico con la empresa Desarrollo Iberoamericano (Disa), quien reclama el pago de 50 millones de pesos por la construcción de la última etapa del Juárez–Serdán.
A pesar de la calidad de la construcción, DISA llevó su exigencia a los tribunales donde la justicia federal le concedió la razón, sin embargo, la actual administración prepara un recurso de defensa legal para evitar que el dinero se destine a saldar la deficiente obra.
