El bloque opositor, además, solicitó al Poder Legislativo realizar una consulta popular sobre la aprobación de la concesión.
Los regidores del PRI Humberto Vázquez Arroyo, Guillermina Hernández y Enrique Chávez Estudillo, así como los grupos de PAN, PRD, PT y Nueva Alianza en el cabildo entregaron un escrito de 22 cuartillas al Congreso del estado para que los legisladores no aprueben la concesión, a la que calificaron de “leonina” e inconstitucional.
A decir de los inconformes, el título de concesión contiene errores, violaciones a la ley e inconsistencias que lo hacen ilegal. Por ejemplo, el contrato original con Jajomar establecía que los parquímetros se instalarían exclusivamente en el Centro Histórico, pero ahora se amplía a las avenidas 25 Oriente–Poniente y 31 Oriente–Poniente, y “al no estar contenido en los estudios que dan origen a la concesión se observa una clara violación al objeto de la misma”.
La concesión, además, otorga a Jajomar facultades extralegales, además de violar la Constitución, la Ley Orgánica Municipal y el Código Reglamentario de Puebla, al autorizar a la empresa la faculta de inmovilizar los vehículos que no paguen su cuota. Dicho servicio, asientan los inconformes, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y no puede ser concesionado.
Incluso la Ley Orgánica Municipal establece que “los ayuntamientos podrán concesionar la prestación de las funciones y los servicios públicos a su cargo, excepto el de seguridad pública y tránsito o vialidad”.
Otra irregularidad detectada, según se asienta en el documento entregado por los regidores, es la cláusula sobre indemnización por modificaciones al contrato, las cuales nunca fueron determinadas y deja abierta la posibilidad para que el concesionario pueda recurrir a las instancias judiciales si no está de acuerdo con el monto fijado por la autoridad, lo cual “deja en indefensión al municipio”.
En entrevista por separado, el regidor del PRD Jaime Cid Monjarraz denunció que el síndico Román Lazcano nunca pudo demostrar que el ayuntamiento debería pagar una multimillonaria multa en caso de que no se otorgara la concesión a Jajomar, que ha sido el principal argumento del ayuntamiento de Blanca Alcalá para que se aprobara. Es más, dijo que esa cláusula no aparece en ninguna parte del título de concesión.
El documento entregado a los legisladores establece: “Es necesario señalar que las declaraciones vertidas por diversos servidores públicos municipales de que la empresa Jajomar podría exigir un millonario pago por indemnización si no se aprueba y se le retira la concesión, pues la redacción del titulo así lo establece, es una mentira, toda vez que como el acto jurídico de aprobación del mismo no ha sido realizado por el H. Congreso del Estado, y por tanto no tiene vida jurídica”.
Incluso, agregan, “la firma del mismo no conlleva el establecimiento de vigencia del titulo, y sobre todo porque la misma se realizo previo al acontecimiento del acto legislativo de aprobación, por tanto no ha concluido en su totalidad el proceso de aprobación correspondiente, por lo que al momento el acto es inexistente”.
Los regidores también detectaron que el contrato generará un daño patrimonial al municipio. La ley de Ingresos del Municipio de Puebla establece que los particulares podrán utilizar la vía pública para aparcar su vehículos de tiempo completo, por el que deberán pagar 4.69 pesos por metro cuadrado y un cajón de estacionamiento tiene un promedio de 2.5 metros, por lo que la cuota sería de 69.3 pesos al día.
Sin embargo, la concesión a Jajomar establece una cuota de 8 pesos por hora y un horario efectivo de 12 horas, por lo que cada cajón de estacionamiento generará un ingreso bruto de 96 pesos al día, de los cuales el 26 por ciento irá a las arcas municipales; es decir, 24 pesos con 96 centavos, sólo el 36 por ciento del pago que señala la Ley de Ingresos.
“Por tanto, si restamos los 26 pesos 70 centavos que no ingresarán al municipio por los 9 mil 269 cajones, significan que no ingresaría 247 mil 482 pesos al día a las arcas municipales”, lo que constituye el daño patrimonial.
“No nos vuelvan a madrugar”: PAN
El coordinador de los regidores del PAN, Pablo Montiel Solana, denunció que existe el interés de la fracción del PRI en el Congreso local de aprobar dicha concesión fast track, de ahí que su visita al recinto legislativo tenía como finalidad presentar los argumentos legales para que se eche abajo el procedimiento y pedirle a los priistas que “no nos vayan a madrugar otra vez”.
Por su parte, Eduardo Rivera Pérez, líder de la fracción legislativa del Partido Ación Nacional, sostuvo que “sería muy lamentable” que sus homólogos priistas pretendan incluir en este segundo periodo ordinario de sesiones la discusión sobre los parquímetros debido a las irregularidades, “mentiras” y “vicios” que existieron en todo el proceso para poder asignar la concesión.
Dijo confiar en que la línea de la Secretaría de Gobernación estatal no se imponga y se apruebe la concesión fast track, e hizo un llamado a la ciudadanía para que analicen la actitud que asuman los legisladores sobre el tema, a fin de determinar están apegados a la línea o la conciencia.
En el mismo sentido, el diputado local del PRI e integrante del grupo de Enrique Doger, Jorge Alfonso Ruiz Romero, se sumó a la postura del panista en que sería recomendable que la concesión sea analizada hasta el tercer periodo ordinario de sesiones, a fin de que las discusiones lleven a encontrar un beneficio para la ciudadanía.
Luego de que los regidores de oposición acudieron al Congreso local, el dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, se presentó en el recinto para denunciar que la presencia de los representantes populares formaba parte de una estrategia con miras a las elecciones de 2009 y rechazó que exista una línea por parte del gobierno del estado para la aprobación de la concesión en este segundo periodo, vía fast track.
