Un grupo de regidores del cabildo de Puebla –perteneciente a todas las fuerzas políticas ahí representadas– presentó un documento en el Congreso mediante el cual pide que no se autorice la concesión de los parquímetros, a la empresa Jajomar, pues se ha detectado que el contrato otorga a dicha compañía una serie de facultades superiores a las que puede ejercer las autoridades.
El documento muestra que el área donde se pretenden instalar los parquímetros excede la que originalmente se había dado a conocer; que la compañía Jajomar puede hacer una serie de cobros e inmovilizar autos a particulares, las cuales son facultades que están por encima de las que pueden ejercer las autoridades de la capital.
Con tales observaciones queda claro que el contrato de Jajomar no solamente es ventajoso, sino que tiene aspectos inconstitucionales y genera abusos en contra de la ciudadanía, pero además hasta ahora no existe una explicación que justifique cuál es el beneficio para la población de que se instalen los parquímetros en algunas de las calles más transitadas de la capital.
Guardando las proporciones, el contrato de Jajomar representa un intento de que una compañía privada se apropie de espacios públicos y facultades exclusivas de la autoridad y cometa una larga lista de abusos, tal como sucedió en su momento con la compañía Citelum, que se quiso apoderar del alumbrado público y del funcionamiento de la red de semáforos.
