Este viernes la subsecretaría del Medio Ambiente del gobierno del estado realizará un recorrido en el relleno sanitario del municipio de Puebla, ubicado en la zona de Chiltepeque, al oriente de la capital, para poder observar el deposito final de residuos sólidos, así como una presunta fuga de lixiviados a la barranca El Aguaje.
El titular de esa dependencia, Juan Carlos Fernández Jasso, indicó que estas visitas son periódicas, y recordó que durante el año pasado hubo observaciones al ayuntamiento por el manejo de ese lugar.
En tanto, María del Carmen Tajonar Méndez, subdirectora de Ecología del ayuntamiento de Puebla, aseveró que la supervisión de la operación del relleno sanitario le corresponde al Organismo Operador del Servicio de Limpia, pero subrayó que su área puede ayudar en las tareas de conservación y preservación de las inmediaciones de Chiltepeque.
La semana pasada, este diario informó sobre la reunión que tuvieron las comisiones unidas de Ecología y Servicios Públicos del cabildo poblano; los regidores discutieron sobre el trabajo que está realizando la empresa concesionada que opera el relleno –Resa–, y se planteó la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo debido a una mala operación del depósito que estaría ocasionado graves problemas al entorno ambiental de Chiltepeque.
En su momento, la presidente municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, reconocio haber llevado a cabo un recorrido por el relleno sanitario para poder constatar su funcionamiento.
El día de ayer, durante una entrevista, Fernández Jasso no descartó que el relleno sanitario podría estar incumpliendo la norma 083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal sobre el manejo de lixiviados, es decir, las aguas negras que se desprenden de la descomposición de la basura.
Sin embargo, justificó que parte de la posible fuga de lixiviados estaría siendo ocasionada por la intensidad de las lluvias de la temporada, por lo que pidió esperar el resultado de la visita.
En caso de encontrarse anomalías, señaló el funcionario, se hará una serie de observaciones a la Comuna –no a Resa– para que éstas sean reparadas en un plazo máximo de 30 días, y de acuerdo a las daños ambientales ocasionados se aplicarán las sanciones correspondientes.
