José Manuel Sánchez, secretario técnico de esa organización que agrupa a más de mil 500 labriegos de municipios como Atlixco, Tochimilco, San Juan Tianguismanalco, Huaquechula y Atzizihuacán, reiteró que para asegurar ese “negocio” las autoridades mexicanas pretenden usar leyes y reglamentos ya aprobados, ignorando a los pueblos y actuando en favor de los intereses de empresas.
Según el productor de sorgo, hablan de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor llamada Ley Monsanto, que “permite la entrada e invasión de trasnacionales a nuestros campos de cultivo y semillas, que por derecho ancestral e histórico nos corresponden”.
Insistió que a través de la farsa legal titulada irónicamente “Régimen de Protección Especial del Maíz” se pretende negar que todo el territorio mexicano resulte ser el centro de origen y diversidad de ese grano. “Eso representa que las instituciones gubernamentales ejecutan proyectos pensando en los intereses de trasnacionales, y que los programas agrarios y sociales están destruyendo la vida comunitaria de los pueblos y nos inducen a depender de las empresas”.
Lamentó que los bancos de germoplasma, “formados con semillas recogidas de nuestros territorios y fruto de nuestro saber, están siendo controlados por las grandes corporaciones como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Basf y Dow, agrupadas en la Asociación Mexicana de Semillas A. C. (AMSAC) como cártel para cabildear y defender sus negocios en el país”. Todo, dijo, bajo la máscara de presuntos “protectores” de las semillas, cuando en realidad las están destruyendo.
Sánchez platicó que la AMSAC está exigiendo que se siembre sólo semilla certificada, “llamando a las nuestras originarias como piratas, pero radicalmente olvidan que los pueblos, tribus y naciones indígenas somos dueños y guardianes de las semillas y animales, bosques, selva, agua y plantas que existen en nuestro territorio”.
Por estas razones, informó el secretario técnico de la CCVA, suscribieron una declaración de forma conjunta con grupos de distintas partes de la república bajo los siguientes términos:
“Los pueblos indígenas y los campesinos son los responsables y herederos de la perpetuidad de las diferentes clases de maíz que existen a lo largo y ancho de toda la República mexicana, y que toda la nación es centro de origen y diversidad del maíz”, expresó.
Añadió que se declaran contra la liberación del maíz transgénico y de todos los organismos genéticamente modificados de manera experimental y comercial. “De igual manera denunciamos la injerencia que tienen dichas empresas en las políticas agroalimentarias para que perdamos el derecho a producir nuestros propia comida libremente”.
No permitirán, adelantó, las estrategias realizadas en contra de los pueblos desde instituciones y programas gubernamentales para cambiar “nuestras semillas propias por semillas híbridas y transgénicas. También estamos contra los bancos de germoplasma, ya que son centros de biopiratería que roban nuestros granos y conocimientos ancestrales para favorecer los negocios de las empresas e investigadores ajenos a los intereses de los pueblos”.
Rechazan, comentó Juan Manuel Sánchez, los proyectos “biopiratas que Monsanto está haciendo con organizaciones agrícolas y académicas para robar maíces nativos y conocimientos a través del ‘Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos’, y el contrato con la Universidad de Guadalajara para recolectar maíces y teocintle, ancestro del maíz, de la sierra indígena nahua de Manantlán en Jalisco”.
Hay una franca oposición, expuso, a certificar y registrar semillas. “Esto es sin duda una manera más de privatizarlas para controlar a los pueblos. Cultivar, guardar, cuidar e intercambiar libremente semillas propias y nativas es un derecho inalienable que no podrán quitarnos y que seguiremos ejerciendo de manera autónoma”.
