En estos días se hará una discusión en torno al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la UAP, el cual viene funcionando desde hace 10 años, en su versión más reciente. A continuación nos referiremos a varios aspectos fundamentales de su evolución sin pretender abordar ser un análisis completo.
1. Si bien los procesos de evaluación siempre han formado parte de la vida académica, es a partir de principios de la década de los ochenta cuando adquieren una dimensión distinta, se convierten en el elemento central para articular las políticas educativas propias del patrón de reproducción neoliberal.
La educación superior mexicana, para hacerla funcional a dicho patrón, requería la modernización de las bases sobre las cuales se había sustentado, de tal forma que fue cuestionada desde diversos ángulos y bajo distintos enfoques, a fin de implantar la nueva lógica: “La evolución y desarrollo de la evaluación educativa en el ámbito de la educación superior se ha gestado en el contexto del pensamiento neoliberal. La evaluación educativa se ha constituido en un excelente instrumento para establecer una serie de prácticas de control sobre la actividad académica. Desde las prácticas de evaluación se busca establecer una nueva racionalidad del trabajo académico en la educación y se promueve una nueva relación entre estado e instituciones universitarias y entre autoridades universitarias y personal académico.” (Díaz Barriga, 1993: 1).
Desde nuestro punto de vista este es un elemento central para comprender la raíz de los procesos de evaluación actuales, pues aquí radica su perversión: no se trató de un ejercicio que involucrara al conjunto de los actores a fin de determinar la situación en que se encontraba el sistema educativo y así encontrar y desarrollar diversas estrategias consensuadas para su mejoramiento. En este sentido la implantación de la “cultura de la evaluación” se convirtió no en un proceso de planeación sino fundamentalmente en una reiteración del poder político sobre los diversos actores1.
2. Surgido inicialmente en 1993 y revitalizado en 1997, el programa tuvo como objetivo principal revalorar y estimular el desarrollo de la carrera docente del personal académico de las universidades públicas mexicanas, a fin de acrecentar su calidad, dedicación y permanencia. En realidad se buscó aprovechar las condiciones de deterioro salarial y de crisis de los modelos universitarios existentes a fin de sujetar a las políticas neoliberales tanto a las universidades públicas (debilitando o destruyendo su autonomía) como al trabajo académico; en éste caso se trataba de implantar una gestión tayloriana; desgranando y midiendo las actividades académicas (investigación y docencia), al mismo tiempo se permitía la intromisión de las políticas gubernamentales e institucionales en la cotidianeidad del aula y del laboratorio, todo ello a cambio de un estímulo económico; promoción de la competencia, respuesta individual sobre la colectiva, intensa preocupación sobre el cumplimiento de los parámetros requeridos, uso clientelar de la acreditación de actividades, son parte de las prácticas generadas por dicho programa.
3. Hay que recordar que la implantación de dicho programa se hizo en un contexto en el que las relaciones laborales se habían “modernizado” a través de políticas autoritarias y clientelares por parte de la administración de José Doger, desconociendo y apadrinando sindicatos, eliminando toda participación de estos en las relaciones laborales, desaparición de la vida de las academias y de los concursos de oposición, reestructuración de la plantilla de trabajadores y, por supuesto, dando más peso a las “autoridades personales” en la toma de decisiones. Características institucionales que hoy en su mayoría siguen vigentes y, en algunos casos, se han profundizado. Al respecto baste mencionar que a pesar de que se ha aprobado el RIPPA las contrataciones, en su mayoría, siguen siendo una decisión de las autoridades de cada dependencia, reproduciendo así las bases del clientelismo político que ha sostenido a las diversas administraciones dogeristas y sus continuidades.
En este contexto, se puede observar que durante cada proceso de evaluación la participación de los académicos en la definición de los criterios y reglamentación de los estímulos ha sido escasa y la respuesta de buena parte de los investigadores se ha efectuado a nivel individual: desconcierto, descontento, ansiedad, inconformidad y tensión. No obstante, artículos periodísticos en cada una de las convocatorias han reflejado parte de esa respuesta, asimismo, en varios procesos han existido protestas y manifestaciones de inconformidad que han logrado la modificación de diversos criterios que se habían impuesto.
4. Se ha dicho que el Programa de Estímulos en la práctica es una medida remedial al deterioro salarial, la frecuencia de esta afirmación nos hace olvidar la brutal caída del salario real, producto de las políticas neoliberales; efectivamente, resulta bastante cínico que las autoridades gubernamentales e institucionales (de la UAP) reconozcan que el programa se ha convertido fundamentalmente en un paliativo salarial, cuando ellas han sido las responsables directas no sólo del programa de estímulos sino también de ese deterioro salarial, bien por la implantación de las políticas económicas bien por la aceptación e implementación acrítica de las políticas educativas. El gráfico 1 nos muestra precisamente el pavoroso deterioro del salario universitario, medido en términos de su poder adquisitivo de 1978: si en ese año se tenía un ingreso de 100 pesos, en 1981 se había elevado a 120, en 1987 había caído a 43, en 1995 tenía un valor de 36, y en 2007 se había “recuperado” a 41 pesos. El denominado “deterioro salarial” no es otra cosa sino la disminución a un tercio el salario universitario.
Consideremos ahora el “paliativo”, es decir, el estímulo al desempeño, el nivel promedio obtenido en 1998 fue de 2.5 salarios mínimos, en 2001 de 4 y en 2006 de 4.3, tomando en cuenta la categoría de Asociado C, para esos mismos años, el estímulo podía representar un 36.7, 55.2 y 58.3 por ciento del salario tabulado (en el gráfico se marcan estos niveles con la letra “E”; sin embargo, cuando lo comparamos con la magnitud de la caída resulta que el famoso “paliativo” ha servido para alcanzar, en el mejor de los caso, el 50 por ciento del nivel de 1981.
5. Ahora bien, los resultados de las evaluaciones anuales han arrojado un incremento en los parámetros y niveles establecidos en los instrumentos del programa, así como mencionamos, los puntajes promedios se han elevado, lo cual puede interpretarse como el mejoramiento de la calidad y un aumento de la productividad de los académicos de la UAP. Al respecto presentamos el cuadro 1, en él se detallan algunos rubros que pueden expresar tales incrementos, que contrastan con los recursos dedicados, los cuales habían venido disminuyendo, siendo su nivel mínimo en 2003 con un valor de 40.5 millones de pesos, base 1998.
Es obvio que tales indicadores son insuficientes e imprecisos para dar cuenta de la evolución de las actividades de los académicos de la universidad: la amplitud, diversidad, intensidad y dimensión de todas ellas no han podido reflejarse adecuadamente ni en esos ni en todos los factores que componen la tabla de puntajes. Sin embargo, nos son útiles para contrastar el discurso de las autoridades y la realidad del mismo programa de estímulos. En primer lugar, destaca la cotidiana propaganda oficial que difunde a la universidad exitosa, de alta calidad, emprendedora e internacionalizada, en tanto que los recursos dedicados a salarios y estímulos al desempeño tienen un fuerte deterioro.
En segundo lugar, pese a que se reconoce la importancia del programa en términos de ser un orientador de las actividades académicas, se puede afirmar que aun las autoridades no han logrado plasmar objetivos institucionales claros y transparentes, lo cual se expresa en los criterios y rubros que se evalúan. Por el contrario, en varios casos se han fortalecido inercias laborales no deseadas y generado respuestas adaptativas sin mayor impacto sobre la actividad académica sustancial.
Para concluir, es muy probable que la discusión programada para estos días no logre una profunda evaluación de dicho programa, pues se dejan temas centrales que tienen que ver con la conducción de la propia universidad y la manera en que se enfrentan las políticas educativas. Así, por ejemplo, el programa de estímulos, tiene que ser discutido junto con la manera en que las administraciones universitarias han adoptado las políticas educativas (reducción de la autonomía, privatización de la educación, congelación de la plantilla de tiempo completo, formas de financiamiento, etcétera), con la necesidad de reconstituir el salario como ingreso central del trabajo académico y el respeto de los derechos laborales –incluida el respeto al derecho de organización, la implementación de la reglamentación de ingreso y promoción, acabando con la discrecionalidad clientelar–, por mencionar sólo algunos de los aspectos centrales que deberían ser abordados.
