Durante varios años las empresas telefónicas ocuparon en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el primer lugar en quejas de usuarios por mal servicio. Ahora son las compañías inmobiliarias las que se encuentran con el más alto número de denuncias por la entrega tardía de viviendas o porque las casas habitación que venden enfrentan defectos de construcción, en acabados o no cumplen con las especificaciones que ofrecen al público.
Estos datos de la Profeco muestran un nuevo rostro de la impunidad de la que gozan las empresas constructoras que se dedican a levantar fraccionamientos en el estado de Puebla, pues tal parece que no existe en la entidad autoridad alguna que frene los abusos o los fraudes que cometen dichas compañías.
Los constructores se han caracterizado por hacer fraccionamientos sin respetar normas de protección civil o las legislaciones que protegen el medio ambiente, y sin ofrecer condiciones de bienestar real para quienes compran sus viviendas, ya que hacen casas en zonas de alto riesgo, destruyen reservas ecológicas, arrojan sus desechos a ríos y barrancas, hacen conjuntos de viviendas sin los servicios básicos o éstos tienen espacios que no ofrecen condiciones de bienestar a los moradores.
A los anteriores problemas ahora se suma que es común que los nuevos fraccionamientos entreguen casas que en poco tiempo sufren graves deterioros o que tienen daños estructurales. Frente a todos estos vicios, hasta ahora nunca se han emprendido acciones enérgicas de autoridades estatales o municipales para sancionar a los responsables. Quizá una causa de este comportamiento es que muchos de los accionistas de estas compañías son personajes con poder económico y político.
