El pacto para mantener a 8.50 pesos el kilogramo de tortilla aún se mantiene en Puebla, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Alberto Jiménez Merino, aún cuando hay negocios que ya están vendiendo el alimento en nueve pesos, por lo que pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilar el cumplimiento del acuerdo.
Desde hace 10 días, el vocero de la Cámara Regional de la Industria y la Tortilla, Bonifacio Ladino Popoca, confirmó que un pequeño grupo de sus 300 asociados ya comercializa el kilogramo a nueve pesos en la zona de Mayorazgo. Al respecto, el funcionario estatal aseguró que el pacto para vender el alimento en 8.50 pesos no se ha roto, por lo que pidió a la Profeco que verifique los negocios.
“Formalmente no hay ningún tipo de incremento, siento que la Procuraduría Federal del Consumidor hará su trabajo respecto a inspeccionar y vigilar que (las tortillerías) no se salgan del orden que se había establecido: que la tortilla no valdría más de 8.50 pesos”, señaló Jiménez Merino.
El titular de la SDR consideró que el abasto está garantizado, ya que la cosecha de maíz empieza en septiembre, lo que demuestra que no hay una justificación para el incremento de precio, sobre todo porque de acuerdo con un análisis realizado por la dependencia el costo de producción oscila en los seis pesos por kilogramo.
–Si no hay un control de precios ¿Cómo va a verificar Profeco a las tortillerías?
–Sí, el precio está sujeto a la ley de la oferta y la demanda pero hubo acuerdos iniciales con los industriales sobre el precio máximo, así que aún sigue prevaleciendo el precio máximo de 8.50 pesos
–Bajo el argumento de que los precios se rigen por la ley de la oferta y la demanda, ¿Profeco no podría sancionar a los que incumplan con el precio?
–No estaríamos muy seguros, nosotros no tendríamos una opinión al respecto, pero creo que se puede hacer valer, sobre todo para no desbordar estos precios.
Aseguró que la SDR mantiene el diálogo con los productores y especialmente con los comercializadores para desarrollar cadenas de suministro que permitan acceder a los insumos a mejores precios, para que tanto los productores del grano como los industriales de la masa y la tortilla salgan beneficiados.
Jiménez Merino reconoció que los industriales de la masa solicitaron un crédito al gobierno, pero el estado no puede prestarles recursos del erario público porque es ilegal, pero sí puede obtener garantías líquidas para obtener recursos del FIRA que tiene una bolsa total de 237 millones de pesos. “Han hecho algunos intentos, pero nosotros les hemos informado de la imposibilidad de poderles prestar, porque es dinero público y sería un delito, pero sí hay recursos para garantía liquida por 20 millones de pesos para acceder al fondo”.
Lo que el gobierno del estado ha hecho es apoyar a las cadenas productivas para bajar los costos en los productos y la materia prima. Nosotros no definimos los precios ni a quien le compran, pero acercamos la información y los mescanismos más adecuados para que obtengan los mejores precios, concluyó.
