Al igual de lo que pasó con el tema de transparencia, en el Congreso no se debe esperar nada positivo en torno a la elección del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), pues de origen el procedimiento para designar al nuevo ombudsman está viciado por carecer de definiciones claras y precisas, pero además ya se sabe que será designado quien cuente con el apoyo del Poder Ejecutivo.
La legislación que regula a la CDH establece que quien ocupe el cargo de presidente de la comisión debe ser alguien que demuestre experiencia en el tema de los derechos humanos. Así como está redactada la legislación, deja muchas lagunas e interpretaciones.
Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos tendrían que haber establecido, antes de emitir la convocatoria para que se anoten candidatos a ser el ombudsman, cuáles y cómo son los parámetros que se van a evaluar para determinar la viabilidad de los aspirantes. Ya que por “experiencia en derechos humanos” alguien puede argumentar que un día fue a una plática a la parroquia de su cuadra sobre el tema o que tomó un curso de unas cuantas horas.
Por esa razón, la mayor parte de los aspirantes que hasta ayer a la media noche se anotaron no tienen el más mínimo antecedente en materia de derechos humanos. Ni desde el punto de vista académico ni de experiencia en la defensa de las garantías individuales. Y eso se debe a que todo mundo sabe que los diputados no harán una evaluación real de las propuestas.
Solamente de esa manera se puede explicar que un abogado como Jorge Jiménez Alonso se haya podido anotar. Este litigante no tiene la más mínima experiencia en el área de derechos humanos, pues su especialidad es en el área laboral y se caracterizaba por combinar el ejercicio de litigante privado con los cargos públicos que ha ocupado en los últimos años, además de impartir cursos de oratoria con tonos de cursilería.
Recientemente Jiménez Alonso salió de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues ya era pobre su desempeño. Ahora, la posibilidad de que sea el siguiente ombudsman se debe a su cercanía con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.
De hecho se sabe que algunos de los aspirantes, que se anotaron y los que finalmente no se anotaron, primero buscaron a Mario Montero para saber si tenían o no el respaldo del Poder Ejecutivo, antes de revisar si cubrían los requisitos o entrevistarse con los legisladores, quienes al final serán meros convidados de piedra.
Tal fue el caso del segundo visitador de la CDH, Jorge Ismael Pérez Garrido, quien había tramitado una audiencia con Mario Montero ayer a las 18 horas y de última hora, el secretario de Gobernación le canceló la cita. Por tanto, los bonos de este personaje se redujeron drásticamente, luego de que se le consideró con un aspirante con altas posibilidades.
También se supo que muchos de los aspirantes buscaron el respaldo de la UAP, ya que se creía que quien llevara la carta del rector de esta universidad, Enrique Agüera, sería el elegido. Sin embargo trascendió que en esta institución se guardó cautela de no apoyar a nadie o que por lo menos, que quien tenga la misiva de la máxima casa de estudios, no haga alarde de ello.
Adolfo Badillo, la mejor propuesta
Si los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo los priistas, buscaran lavarle el rostro autoritario el Congreso local deberían de analizar a conciencia las propuestas de los candidatos a ombudsman, pero sobre todo fijarse en el nombre de Adolfo López Badillo, un joven abogado de Puebla que tiene una amplia trayectoria en el tema de los derechos humanos.
López Badillo tiene maestría y es candidato a doctor en Derechos Humanos mediante estudios realizados en España, además de haber obtenido un posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Desde hace seis años ingresó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde ha tenido bajo su responsabilidad las oficinas para atención de migrantes en Nogales, Sonora, y en Villa Hermosa, Tabasco. Esa labor ha sido difícil y compleja, por ser zonas altamente conflictivas en violaciones a las garantías individuales de aquellos ciudadanos extranjeros y mexicanos que buscan cruzar la frontera norte, además de los problemas de narcotráfico y contrabando.
Actualmente López Badillo es subdirector de Control y Gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto que lo hace cercano al ombudsman nacional, José Luis Soberanes.
No hace mucho, la comisión presentó un documento sobre armonización legislativa en materia de derechos humanos, mediante el cual se examinaron las legislaciones en la materia de todo el país y se estableció que estados están más atrasados al respecto. Uno de los autores de ese valioso trabajo es Adolfo López Badillo.
El problema de este abogado es que como no lo tutela ningún grupo político, seguramente los diputados lo van a ignorar. Si él fuera electo, el Congreso no solamente lavaría su mala imagen sino permitiría a la CDH tener un proceso en el que recuperaría su razón de existir.
Otras dos propuestas valiosas
De entre los aspirantes, existen otros dos nombres rescatables, los de Germán Molina Carrillo, el actual primer visitador de la CDH, y María Dolores Aguilar, quien fue presidente de la Asociación de Abogadas de Puebla.
Molina Carrillo no solamente ha sido un férreo defensor de los derechos humanos, sino tiene la virtud de haberse negado a participar en los actos de corrupción y autoritarismo del ombudsman saliente, Cándido Flores Mendoza.
María Dolores Aguilar cuenta con el respaldo de 25 organizaciones, tiene una amplia experiencia académica y en cargos públicos, además de distinguirse por denunciar abusos de servidores públicos.
