El pasado 17 de junio, conjuntamente con la senadora Rosalinda López Hernández, presenté en la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo sobre la situación política de corrupción, opacidad y nepotismo en Tlaxcala.
El 8 de julio se aprobó el punto de acuerdo y se exhortó a la Auditoría Superior de la Federación a que verifique el correcto ejercicio y manejo de los recursos provenientes de los programas federales de asistencia social por parte del titular del Poder Ejecutivo en nuestro estado.
Además, resulta trascendente que en el dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhorte al Congreso del estado y al gobernador Héctor Ortiz a que en el ejercicio de sus atribuciones, garanticen la eficacia de las medidas de transparencia que permita a los tlaxcaltecas ejercer su derecho de acceso a la información.
Como se expuso en la máxima tribuna de la nación, el gobernador se ha caracterizado por promover el tráfico de influencias, permitiendo que 27 miembros de su familia trabajen dentro de la administración del estado o bien en la Universidad Autónoma, en la que el gobernador ha ocupado la rectoría en tres ocasiones provocando que diversos funcionarios hicieran lo mismo, al ocupar las secretarías de Salud, Turismo, Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Planeación y la Procuraduría de Justicia del estado.
Grave resulta el hecho de que en Tlaxcala persista el miedo para perder el trabajo, el cargo político o el negocio si se está en contra del gobierno, situación similar a lo que ocurría en el México de los virreyes.
Un acceso seguro a la información implica más que un gobierno transparente, también asegura la participación política de la sociedad y, más importante aún, le brinda la oportunidad de fungir como contrapeso del poder del Estado, que años antes mantenían un status quo basado en la opacidad. La legitimidad necesita constantemente acciones de gobernabilidad en el que las discrepancias entre gobierno y sociedad están en constante equilibrio y coherencia.
Por experiencia propia sé que el ejercicio gubernamental se enfrenta a la evaluación pública respecto de su capacidad de respuesta y de atención, con justicia, a las necesidades populares.
Ese escrutinio público evalúa preponderantemente la capacidad de los órganos de gobierno para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin marcar diferencias políticas entre ellos o actuar a favor de cierto sector o individuo. Las demandas sociales son materia de información pública y siempre favorecen la legitimación gubernamental. Situación muy distinta a lo que acontece hoy en Tlaxcala.
