Si la sentencia de la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández es legítima, en las próximas semanas tendría que rodar la cabeza del aún director del Centro SCT Tlaxcala, Alberto Cano Cortezano.
Ya en la primera semana de julio la legisladora y correligionaria del ineficiente servidor público del gobierno federal había obsequiado una perla en términos de interés periodístico al acusar ineficacia en el Centro SCT Tlaxcala, al registrarse un subejercicio por arriba de los 400 millones de pesos, como parte de un presupuesto global de 700 millones para este año.
La acusación rompe con el molde político utilizado desde los tiempos del priato, en que compañeros de grupo, partido o gabinete evitaban lanzar acusaciones directas por uso indebido de dinero público, incapacidad administrativa para el desempeño del encargo o por traiciones a los intereses del grupo en el que los personajes de la política medran.
No es el caso de Dávila Fernández, sobre todo si a su ficha curricular nos atenemos, puesta disposición en la página http:// www.adrianadavila.org.mx/conoceme.html: “la política ha sido parte fundamental de mi formación”, dice esta ex reportera del diario El Universal.
Como conocedora del medio político al que ha servido en los últimos años, y como reportera que fue, debe saber que descalificar en público a un compañero de militancia no sólo socava al personaje de marras, sino que se descalifica su trayectoria como interlocutora confiable frente a otros actores o grupos del poder político, económico y religioso.
Podría concluirse que el juego que juega la secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en San Lázaro es suicida o ingenuo porque “políticamente es incorrecto”, el desafío supone el desdén expresado a los medios en la primera semana del mes en curso.
En los próximos días sabremos si el interés por deponer al funcionario es legítimo o intención espuria de gatilleros que actúan al amparo del poder para quitar a un peón en la estructura del gobierno federal, y poner a otra pieza más cómoda a las intenciones palaciegas o empresariales, en la búsqueda siempre de jugosas ganancias.
En todo caso, el funcionario de la SCT en Tlaxcala tampoco ha hecho gala de capacidad de operación política para menguar las embestidas de su correligionaria: como servidor público ha sido incapaz de dar los resultados ofrecidos por el presidente Felipe Calderón en sus visitas temáticas al estado.
Incapaz para hacer eficiente el gasto del gobierno federal en infraestructura, al que por cierto ha apostado el presidente Calderón para evitar secuelas imborrables de la desaceleración estadunidense en México, el director de la SCT en el estado nos recuerda una máxima de Tulio Hernández: en Tlaxcala se gobierna “con pulque y saliva”.