Ante esa situación, las fracciones de los partidos Nueva Alianza y Acción Nacional anunciaron el inicio de un incidente de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que eche abajo la medida. Sumados al PRD, los integrantes de esos institutos políticos condenaron la cerrazón de sus homólogos priistas y advirtieron que Puebla perdió la oportunidad de colocarse en los primeros lugares de la República en transparencia.
El rechazo hacia la iniciativa del PRI, además, fue respaldada por diputados federales y locales, dirigentes estatales y municipales, así como simpatizantes del PAN, quienes acudieron ayer al Congreso del estado vestidos de luto, es decir de negro, pues consideraron que ayer se vivió “la muerte de la transparencia” en la entidad. Los panistas, además, colocaron dos coronas mortuorias en el acceso principal del recinto.
La protesta se extendió al pleno del Poder Legislativo cuando los legisladores panistas montaron en sus curules un afiche con la leyenda “PRI vs. Transparencia y rendición de cuentas”. La diputada Patricia Hidalgo, integrante de la mesa directiva, colocó el letrero en la mesa principal, pero empleados del líder de los priistas, José Othón Bailleres Carriles, le arrebataron en tres ocasiones el objeto.
Defensa de lo indefendible
A la sede del Poder Legislativo se dieron cita los dirigentes del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza; el presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor, Carlos Meza Viveros; el presidente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, lo mismo que el presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco; la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán; la directora de la licenciatura en Periodismo de la UPAEP, Lilia Vélez Iglesias, así como representantes de Ciudadanos por Municipios Transparentes y México Abierto.
El primero en tomar la palabra, en una discusión que duró más de dos horas, fue el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el priista Jorge Alfonso Ruiz Romero, quien denunció que en los últimos días este tema se convirtió “en el condimento mediático para adjetivar la descalificación sin ton ni son”. Responsabilizó al PAN de “destruir las coincidencias” que había en el debate sobre la reforma al asumir “una posición intransigente supeditada al ‘regateo’ político, bajo la consigna del todo o nada”.
Reprochó que los panistas se hayan valido de su “paladín de la transparencia”, César Jauregui, coordinador nacional de los diputados locales del PAN, para presionar a la bancada priista. Sin embargo, reveló que, contrario a lo que ahora critican los albiazules, la Ley Federal de Transparencia, diseñada por Vicente Fox, no considera la autonomía constitucional del órgano garante, la prueba de daño, la suplencia de la queja, la ampliación de sujetos obligados.
Luego recordó que la diputada del PAN Leonor Popócatl, siendo también legisladora en la LV legislatura, fue la responsable de aprobar la actual Ley de Transparencia en Puebla, y en esa época la calificó como “un instrumento de avanzada a la altura de las exigencias democráticas”. De paso, aseveró que la actitud del todo o nada fue la constante del “chantaje” en que se convirtieron las propuestas ciudadanas presentadas por Cimtra.
Así pues, afirmó, “la pantalla era utilizar a la sociedad civil. Lo más cómodo fue esperar a que Cimtra, México Abierto y la Universidad Iberoamericana les vinieran a hacer su chamba... una cosa es la inclusión y otra el cinismo de sustituir la ignorancia con una verdadera participación ciudadana”.
¿A qué le temen?
El panista José Manuel Janeiro Fernández tomó el micrófono para lamentar la actitud asumida por el PRI, pues su decisión sólo propicia que la opacidad reine en la asignación de contratos de obra pública y los ciudadanos nunca sepan por qué los hospitales que se construyen en Puebla cuestan dos veces más que los privados considerados de alta categoría, o los mecanismos con que se asignó un contrato a la empresa española OHL o por qué se decidió concesionar los parquímetros.
Tras hacer una relatoría de la discusión, aclaró que la iniciativa del PRI sólo se constriñó a cumplir con los siete puntos que establece la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que tampoco es verdad que se ahondó en otros puntos a discusión. “La pregunta es ¿a qué le temen?”, cuestionó. Y remató: “Se comprobó que están más preocupados por proteger al gobernador del estado”.
Al concluir su intervención, algunas personas que asistieron como visitantes comenzaron a gritar: ¿Y los Bribiesca? ¿Y Marta Sahagún, cuándo?
Conforme los oradores siguieron, tocó el turno al perredista Melitón Lozano Pérez, quien hizo un reconocimiento a la iniciativa ciudadana presentada por Cimtra y otros organismos, pues se trató de un ejercicio que hizo “cimbrar” al Congreso. No obstante, dijo que el proceso por el cual se construyó este dictamen de reforma sólo atendió a la periferia de los temas y no a los asuntos medulares y esenciales, por lo que el resultado es que hoy Puebla seguirá teniendo “una ley incompleta, fragmentada, cuyo espíritu es opaco”.
El diputado local abundó que si bien con la mayoría priista se pierde la posibilidad de que el estado garantice el derecho de la sociedad de conocer el manejo de los recursos públicos, de este proceso la sociedad civil organizada sale fortalecida. A los priistas, dijo, se les impuso una “fuerza supralegislativa”, y por eso se echaron para atrás.
Y aprovechó para revirar a su homólogo del PRI Víctor Huerta, quien con anterioridad criticó a los panistas porque llegaron al Congreso no por el voto de los ciudadanos, sino por la vía proporcional. “Es un orgullo llegar a la Legislatura con un carácter plurinominal; no importa cuántos ganaron, sino cómo ganaron; para nadie es desconocido el reparto indiscriminado de los programas estatales (en las elecciones) de los tinacos, las láminas”, lo cual le valió una fuerte ovación de sus compañeros de oposición.
Gustavo Espinosa Vázquez, coordinador del Panal, calificó el dictamen impuesto por el PRI como “un collage de asuntos secundarios” y atentatorio a la Constitución Política de México. Advertimos, añadió, que el Revolucionario Institucional adoptaría una “posición mediocre del mínimo esfuerzo”, pero la afirmación se quedó corta al conocer el contenido de la propuesta final.
“¿A qué le temen los diputados del PRI? ¿De qué tamaño debe ser lo que esconde el gobierno del estado?”, apuntó, para de inmediato informar que su fracción presentará en los próximos días una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y pidió el respaldo de todos los sectores sociales para dar esta nueva batalla.
Eduardo Rivera Pérez, coordinador de la fracción del PAN, puntualizó en su oportunidad que en la sesión de ayer quedaba una pregunta en el aire: ¿Quién mató la transparencia en Puebla?, pues se desperdició la oportunidad de dar al ciudadano el acceso a la información como “un patrimonio democrático”, de tener una ley de vanguardia y, por el contrario, los priistas se conformaron con la medianía.
De paso, les recordó a sus homólogos del PRI que su presidente estatal, Alejandro Armenta Mier, los instruyó para que incluyeran a los partidos como sujetos obligados de dar información, pero en la minuta que se aprobó no vino esa recomendación. Es más, reveló que en seis meses que lleva el actual Congreso local, los legisladores sólo han aprobado una ley y cuando se tenía la oportunidad de ponernos a la vanguardia, no se hizo.
La andanada de los legisladores del PRI no se hizo esperar. El diputado Víctor Huerta hizo un recuento de todas las cosas que no se han podido saber de escándalos como los de los Bribiesca, Marta Sahagún, el despilfarro de los excedentes de petróleo debido a que la Ley Federal de Acceso a la Información es limitada y termina por proteger a las autoridades, además de que les echó en cara a los panistas que su partido les había ganado la partida.
Pero el legislador y ex lector de noticias Luis Alberto Arriaga pronunció el discurso más duro contra sus oponentes, a los que les dijo “perro que ladra no muerde”. Tras reconocer que está orgulloso de ser priista, dijo que la pregunta sobre qué temen es un recurso falaz, y cuando a los panistas se les acaba la inteligencia entonces optan por atacar al gobernador o se pronuncian por la inconstitucionalidad de la reforma.
La votación
Al final, el dictamen fue aprobado en general por 26 votos de la mayoría priista; hubo 12 votos en contra: 8 del PAN, de Melitón Lozano, de José Manuel Pérez Vega, del PT, y de los dos diputados de la fracción del Panal, mientras que la diputada del PRD Irma Ramos, el legislador del PT Manuel Fernández y de Convergencia Carolina O’Farrill Tapia se abstuvieron.
Pero la polémica surgió cuando, a petición de O’Farrill, Irma Ramos y Fernández solicitaron una discusión en lo particular del artículo 25 fracción I de la Ley de Acceso. Tras los debates donde el trío justificó su postura, el presidente de la mesa directiva, Pablo Fernández del Campo, decidió tomar la votación del pleno.
El primer priista en votar fue Humberto Aguilar, quien sorpresivamente se pronunció en contra del dictamen en lo particular y le siguió Javier Aquino. Al percartarse del error de sus compañeros, Fernández del Campo suspendió abruptamente la votación y decretó un receso, lo cual propició la indignación de la oposición, cuyos miembros comenzaron a gritar “¡Transparencia, transparencia!”.
Manuel Janeiro Fernández denunció que el priista incurrió en una irregularidad en el procedimiento legislativo, porque sus compañeros no habían entendido la línea. La bancada del PAN exigió a Pablo Fernández asentar en el acta de la sesión la suspensión injustificada, continuar con la votación y después explicar la razón de su decisión, pero el diputado del PRI nunca aceptó la exigencia.
Sus compañeros priistas, sonrojados y abochornados por el lapsus, quisieron respaldarlo señalando que hubo “una confusión” en la votación, por eso estaba justificada la suspensión de la sesión. La justificación de Rocío García Olmedo generó la risotada de los panistas, pues el argumento de “confusión” no está considerado en la ley orgánica como justificación para suspender una sesión.
La votación en lo particular del dictamen quedó con 24 votos a favor y 17 en contra.
