El líder la fracción del PAN en el Congreso, Eduardo Rivera Pérez, calificó como “un bodrio” la iniciativa aprobada por los priistas, y no descartó proceder a denunciar ante las instancias correspondientes la inconstitucionalidad de la misma, no sin antes afirmar que la propuesta priista será una “ley atrasada y rezagada”.
“Los propios especialistas la calificarán y evaluarán como una ley atrasada y rezagada del contexto nacional e internacional... el resultado de una aprobación de este tipo afecta al desarrollo y progreso de Puebla”, aseveró.
Y subrayó: “Hoy en el pobre dictamen que se presenta no se consideran las propuestas de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) ni del PAN. No está la autonomía constitucional del órgano garante ni la ampliación de los sujetos obligados ¿Dónde vienen los partidos políticos, las organizaciones civiles que reciben recursos? ¿Y la afirmativa ficta, la prueba de daño, los comités técnicos y la ampliación de información pública de oficio?”.
En la sesión de las comisiones unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa de reforma se aprobó con ocho votos del PRI y seis en contra, aunque la diputada local del PRD Irma Ramos Galindo se acogió a la iniciativa del PRD en la materia, la cual no obtuvo ningún apoyo de los legisladores.
La iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a la Información, aprobada el día de ayer por la mayoría priista, la cual será sometida hoy a la consideración del pleno, no otorga la autonomía constitucional a la CAIP pese a que 32 instituciones y comisiones en la materia que operan en el país advirtieron que era anticonstitucional.
Incluso, ayer se confirmó el vaticinio de la fracción parlamentaria del PAN que denuncio la decisión del PRI en incurrir en una trampa o redacción mañosa sobre la autonomía de la CAIP. El artículo 25 de la ley que aborda este tema quedó redactado de la siguiente manera:
“La Comisión para el Acceso a la Información Pública es un órgano especializado de la Administración Pública Estatal, con autonomía de gestión, operación y decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia. Para efecto de sus resoluciones no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena imparcialidad, objetividad e independencia”.
Esta iniciativa aprobada tampoco acepta la ampliación de los sujetos obligados de derecho, como son las universidades públicas, sindicatos, organizaciones civiles y todas aquellas personas físicas y morales que sean financiadas con recursos públicos.
Tampoco se incluye la garantía de la afirmativa ficta, la cual garantiza que si una dependencia no contesta en el periodo que establece la ley, una solicitud se considera por descartado que la instancia acepta dar esos datos. De igual forma no se otorgan facultades a la CAIP para que imponga sanciones contra todos aquellos funcionarios que se niegan a proporcionar información.
Durante la sesión los legisladores del PRI también rechazaron la propuesta de la fracción del Partido Nueva Alianza de apoyar la iniciativa ciudadana presentada por organizaciones como Cimtra, México Abierto y las universidades Iberoamerica y Autónoma del Estado de Puebla, así como el Consejo Coordinador Empresarial que apostaban por la derogación de la actual ley en la materia, ya que para adoptarla a la reforma aprobada por el Senado obligaría a cambiar el 80 por ciento del articulado, lo cual significaría tener una “ley parchada”.
La iniciativa ciudadana sólo contó con el respaldo de seis diputados de oposición, pero trascendió que la propuesta del PRI que será sometida hoy al pleno irá avalada por la diputada de Convergencia Carolina O’Farrill Tapia y el autodenominado coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Manuel Fernández.
No obstante, esa negativa del PRI se supo desde el mediodía de ayer, cuando el presidente de la Gran Comisión y líder de la fracción priista, José Othón Bailleres Carriles, reconoció que no se aprobaría una autonomía constitucional de la CAIP pese a que con anterioridad el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, Jorge Ruiz Romero, sostuvo que su bancada apostaba por ese principio.
