Mientras el síndico del ayuntamiento de Puebla, Román Lazcano Fernández, dijo que no tiene “ni idea” y desconoce por completo la rescisión del contrato de concesión a la empresa Relleno Sanitario SA (Resa), la presidente municipal, Blanca Alcalá Ruiz, dijo que su administración está revisando a fondo ese problema con la operadora del relleno sanitario de Chiltepeque.
“A veces los temas jurídicos son cuestiones que están sobre el papel y sobre eso tenemos que actuar”, agregó la edil.
Dijo que su administración actuará en esta, como en todas las situaciones legales que enfrenta, “con una gran responsabilidad. Como les he dicho siempre: buscando que nuestras decisiones sean apegadas a derecho y buscando que al final los ciudadanos acaben ganando. Esa es mi principal preocupación, y seguimos orientando en análisis de los temas”.
En entrevista, Alcalá Ruiz confirmó que hace unos días visitó el relleno de Chiltepeque, donde pudo constatar algunas de las anomalías con las que funciona el lugar.
“Hay urgencia de que el concesionario, si continúa, pueda modernizar el esquema en que está operando”, agregó.
Sobre la crítica que hizo el regidor priista Humberto Vázquez Arroyo al gobierno de la ciudad, en el sentido de que se trata de un “negocio” de la actual administración, Blanca Alcalá Ruiz respondió: “¡Qué barbaridad! No. Yo lo que le diría es que el único interés de la presidente municipal y del ayuntamiento es con los ciudadanos, y así seguirá siendo como lo he hecho desde el primer día”.
Entrevistado sobre el tema, el síndico Lazcano Fernández dijo que no tenía conocimiento sobre este asunto, a pesar de que Alcalá Ruiz reconoció que es un nuevo problema jurídico.
Evasivo, sólo se limitó a decir que se trata de algo que compete al consejo de gobierno del Organismo Operador del Servicio de Limpia.
El 30 de mayo pasado la Comuna de Puebla le notificó a Resa que quedaba cancelado el permiso para operar el relleno sanitario de la capital de Puebla, ubicado en Chiltepeque, debido a que no había cumplido con los compromisos suscritos para que le fuera ampliado el título de concesión por 15 años más, prórroga que fue otorgada por el anterior cabildo, pero que a la fecha no ha sido autorizada por el Congreso del estado.
