El legislador local José Manuel Pérez Vega presentó una serie de documentos oficiales de una corte de Nueva York en los cuales se constata que se sigue un proceso legal contra el alcalde con licencia de Izúcar de Matamoros Rubén Gil Campos, y que además sus bienes en Estados Unidos están congelados hasta que se demuestre que no fueron adquiridos directa o indirectamente por ingresos económicos provenientes del narcotráfico.
Aunque no se trata de documentos que pudieran no tener un valor jurídico en México, los papeles que exhibió Pérez Vega son una muestra contundente de que el edil de Izúcar de Matamoros está preso en Estados Unidos acusado de delitos graves, como es enriquecimiento inexplicable y distribuir cocaína en Nueva York. Estos elementos deberían ser elementos suficientes para que el Congreso ya acepte la defenestración de Gil Campos.
Tal parece que en la fracción del PRI del Congreso no se tiene conciencia de que al negar lo que está pasando con Rubén Gil no solamente están defendiendo a un personaje de su mismo partido, sino que están agudizando la crisis política que se vive en Izúcar de Matamoros y se fomenta la impunidad.
El caso del alcalde matamorense debería de servir de lección para que las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero en especial las del ámbito municipal, eviten caer en la tentación de involucrarse en actividades del crimen organizado; sin embargo, con la actitud que han asumido los diputados priistas están mandando una señal en sentido contrario, la cual es que si los ediles incurren en faltas graves, no pasa nada.
