Ante la efervescencia fílmica que se ha desatado en Puebla, locación de algunos proyectos cinematográficos como Arráncame la vida, al que el gobierno estatal otorgó 13.7 millones de pesos, a través del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios (CDICS), el director José Luis Reza desmintió: “No existe un financiamiento verdadero del Estado hacia el cine. Las políticas culturales, desafortunadamente, están de capa caída, por eso creo que el gobierno local y el federal deben de voltear hacia allá, porque un pueblo sin cultura es un pueblo literalmente hambreado”.
Sustentó: “En Puebla, pese a que existe un departamento encargado de filmaciones dentro de la Secretaría de Turismo, no hay fondos para hacer cine, así como no hay fondos para la discapacidad, la educación y la salud”.
Debido a estas carencias, Ilapso Media Project y el Espacio Cultural de Cine y Artes Visuales AC, asociación dirigida por Reza, tuvieron que recurrir al apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la realización el cortometraje Tarea pendiente.
Al respectó, explicó que la CNDH produjo casi en su totalidad la filmación. “El organismo va a tener el derecho de distribuir el corto en todos los estados del país, como medio de divulgación contra la discriminación, que maneja el Programa del VIH”. No obstante, aclaró que, a través de una solicitud, “podremos enviar el cortometraje a los festivales nacionales e internacionales”.
Del costo de la filmación, reveló que por muy económico que sea “te llevas 300 mil pesos. En Tarea pendiente gastamos un poco menos, pero es un corto, es ficción, y nos faltó dinero. Mucha gente que actuó lo hizo por amistad”.
Tarea pendiente sigue con la misma temática del respeto a las garantías individuales, como sucedió con Ni loc@s ni pecador@s. En esta ocasión, comentó que conjuntan tres temáticas importantes: los derechos humanos, la discriminación y la discapacidad, “el talón de Aquiles de todos los gobiernos”.
A 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, afirmó, todavía seguimos hablando de la falta de apoyo y de presupuesto para la discapacidad. “Estamos en el siglo XXI y vemos que en la mayoría de los estados del país no tienen rampas en las banquetas. La educación cívica no existe, en todos lados está el problema del agandalle de los estacionamientos destinados a los discapacitados”.
Existen leyes, pero no se aplican. “Se pierde mucho tiempo y dinero en hacer leyes que no se implementan”.
Reza aseveró que la violación a las garantías individuales es una realidad cotidiana en gobiernos como el nuestro. “No se preocupan por realizar campañas permanentes de difusión, donde nos informen… aunque esto es una arma de dos filos: cuando el Estado empieza a decir qué es lo que puedes y no puedes hacer, y el mismo gobierno no responde a las necesidades de sus ciudadanos que pagan impuestos, entonces es obvio que no puede instaurar algo que se le va a regresar como boomerang”.
Por lo expuesto, concluyó que la discriminación empieza desde el gobierno, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) que no reconoce el lenguaje de señas como idioma oficial de los sordos, algo tan contradictorio como decir que los otomíes no pueden hablar en su propia lengua.
Actualmente, estimó, somos más de 110 millones de habitantes en este país. “De esta cantidad, el 10 por ciento, es decir, unos 15 millones de personas, sufre alguna discapacidad. Entonces qué está pasando ahí, qué está haciendo el gobierno”, cuestionó.
A esta penosa situación, sumó que los programas de estudios para los sordos son excluyentes, “no hay profesores intérpretes en las universidades ‘normales’”.
Y como anécdota, contó que en una ocasión un conductor del transporte público en Puebla insistió en cobrarle a un usuario sordo, argumentando que no oír no representa una discapacidad. Partiendo de lo más fundamental, dijo, “la gente no entiende qué es discapacidad”, por eso Tarea pendiente retoma esas experiencias de discriminación para aclarar muchas cosas al público que consciente o inconscientemente viola estas garantías.
Para la realización del guión, explicó, entrevistó a varias personas sordas para que le detallaran sus vivencias. “De ahí, partimos para plasmar el mapa de cómo eran discriminados y a la vez informamos cuáles son sus derechos como personas diferentes”. Ése es el caso de Elena, una estudiante universitaria con discapacidad auditiva que se enfrenta a la estigmatización de la sociedad al quedar infectada del Virus de Inmunodeficiencia Humana, que es la historia central del corto.
Proporcionando información científica y dejando atrás cualquier tipo de tabúes, Tarea pendiente se convierte en un trabajo visual comprometido con una problemática actual que afecta a todos y cada uno de nosotros sin importar género, clase social o preferencia sexual. Tras un año de trabajo, hoy jueves 17 de julio a las 19 horas, en el Teatro de la Ciudad (Juan de Palafox y Mendoza 14, frente al zócalo), José Luis Reza y el equipo técnico, en coordinación con las “Jornadas de reflexión por la libertad de expresión”, presentan por fin la première del corto.
A la proyección acudirá Ixchel Solís, artista plástica que da vida a Elena, y Erika Ordóñez, intérprete de lenguaje de señas, que personifica a la amiga oyente de la protagonista, además del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.
