En un artículo publicado en la sección política de este mismo diario, el pasado jueves 10 de julio, el que esto escribe preguntaba: “¿De veras habrá voluntad política en el Congreso poblano para –más allá de parchar una norma poco eficaz y sumamente cuestionada–, se expida una ley acorde a la Constitución, donde la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción no sean el objetivo, sino el medio para alcanzar una mejor calidad de vida...?”, y vaticinaba que el asunto se antojaba difícil pues todas las señales indicaban que una vez más se impondría en el Congreso la mayoría priista que había mostrado su desdén sobre el particular.

Lo sucedido a lo largo de la semana, confirma mis temores: cambios de agenda en lo acordado, dilaciones, interpretación al mandato constitucional, desde perspectivas literales y, por tanto, limitadas, comunicaciones oficiales triunfalistas y de fondo la consigna de, aceptando algunos puntos “menores”, imponer la propuesta priista.

Así, hemos asistido a la puesta en escena de la discusión sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Sí, puesta en escena, en el play que utilizan los angloparlantes para referirse a la actuación, a lo simulado. En esta actuación–simulación, se les olvida a los legisladores del PRI que más allá de los blindajes y las componendas, y el algo por algo, (no olvidemos la posibilidad de negociar la propuesta priista, a cambio de la salida de Juárez Acevedo de la CAIP), lo que está peligrando es la insipiente democracia que con tanto esfuerzo se ha construido en el país y en el estado. Democracia, no en el concepto griego, ni en el concepto obsoleto e irreal del poder del pueblo en su autogobierno, sino democracia como la transparencia de lo público, que habrá de entenderse como el llamado interés común de la sociedad1.

¿Por qué resulta relevante la transparencia y el acceso a la información pública? Simplemente porque en una sociedad que aspira a construirse como democrática, los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo conducen los asuntos que nos interesan a todos, aquellos a quienes hemos confiado su cuidado. En otras palabras porque las acciones del gobierno –en sus tres poderes y en todos sus niveles–, como parte del estado y la información sobre éstas, son un asunto público. Y es que en las democracias modernas, el concepto de lo público tiene una importancia fundamental como elemento indispensable para la construcción de un nuevo pacto social en el estado. Este pacto implica la legitimidad del poder y en consecuencia la recuperación de la confianza en las instituciones. Podemos afirmar que lo público es el espacio donde se fundamenta toda acción legítima.

El esfuerzo de las asociaciones civiles, partidos políticos y de quienes nos empecinamos en la posibilidad de mejorar las condiciones de participación de la sociedad –en los asuntos que le competen–, nos indica que la democratización en el manejo de la información, como de interés público, es elemento fundamental para una nueva democracia. Si existen sustentos jurídicos claros que tutelen la transparencia y el acceso a la información, ésta tendrá valor positivo como de interés público. Por ser de interés público es un bien de los ciudadanos y no simplemente privilegio de unos cuantos, que además se olvidan de su condición de empleados de la sociedad. Estamos reclamando un derecho humano y social por el cual tiene que responder el estado.

Se nos está yendo la oportunidad de demostrar que en Puebla, muy al contrario de lo que se piensan en otras partes del país, somos capaces de establecer preceptos de avanzada, somos capaces de elaborar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública mucho más completa que la federal donde –insisto–, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, no sean el objetivo sino el medio por alcanzar una mejor calidad de vida.

Se han puesto sobre la mesa esfuerzos, voluntad, razones; ojalá sean escuchadas. De lo contrario la frustración será grande, pero el costo político, el descrédito y sobre todo, la pérdida de legitimidad, serán mayores.

1 Cfr. Camps, Victoria; El malestar en la vida pública; Grijalvo; Barcelona, 1996, P. 180.

rafael.ghernandezgc@gmail.com 

 

En términos generales, podría tener razón el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado, Jorge Alfonso Ruiz Romero, al señalar que darle materialidad jurídica de autonomía constitucional al órgano garante de acceso a la información pública no basta para que éste goce realmente de independencia en la práctica.

En el escenario político, ejemplos sobran para corroborar que el grado de autonomía concedido en la propia Constitución es insuficiente a la hora de analizar un papel tan deplorable como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Ernestina Ascencio Rosario, o el del Instituto Federal Electoral (IFE) en el proceso electoral presidencial de 2006, que al margen de los resultados dejó mucho que desear al comparar su desempeño previo, durante y en los meses posteriores a las elecciones, con los principios rectores que deben regir una jornada cívica de este tipo.

Acierta el diputado de extracción priista al hacer esta advertencia que sí contempla la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) para modificar la ley local de transparencia, misma que va acompañada por una propuesta de reforma a la Constitución de Puebla a fin de decretar dicha aspiración. Sin embargo, se equivoca el legislador al desestimar esta posibilidad y minimizar el planteamiento a diferencias imperceptibles en la redacción de una porción normativa con la que la LVII Legislatura puede ir a la vanguardia o preconizar el “gatopardismo” como bien afirmó la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, María Elena Pérez–Jaén Zermeño, en el foro “Puebla: transparencia en riesgo”.

Hasta el cansancio se ha repetido que la transparencia y la garantía del derecho de acceso a la información pública, que es sólo una vertiente del derecho a la información, es un asunto de voluntad política. No obstante, pareciera que la advertencia no acaba de cuajar entre los diputados que tienen hoy en su cancha la oportunidad de plasmar en una nueva ley –y no parches a la actual– una visión estadista.

Al delinear cuatro tesis para sostener su teoría de la democracia constitucional, el jurista italiano Luigi Ferrajoli destaca que si bien la inexistencia de garantías no elimina los derechos, la ausencia de garantías como mecanismos de control constitucional representa no sólo una inobservancia del derecho positivamente estipulado, sino también una laguna que debe ser enmendada por el legislador.

En este sentido, vale puntualizar que tanto el derecho de acceso a la información pública, como las obligaciones de transparencia, el principio de máxima publicidad, la ampliación de la lista de los sujetos obligados, la positiva ficta, la reducción de los plazos de respuesta y la suplencia de la queja, por citar algunos puntos elementales de cara a los cambios por venir, pueden quedar impresos en la ley y fortalecer la materia prima del derecho positivo. Empero, sin una legislación que corte el cordón umbilical del órgano garante como auxiliar del Ejecutivo, independice sus acciones en el “ser” y en el “deber ser” y cuente con dientes para sancionar a los sujetos que violenten este derecho fundamental, difícilmente se podría operar un derecho exclusivo del papel.

Desde una visión garantista, las instituciones públicas tienen la función de tutelar el conjunto de prerrogativas de las personas frente a la amenaza que representan otros poderes o la resistencia, por ejemplo, de los entes públicos catalogados como sujetos obligados por tener que rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos. Por ello, el tema de la autonomía del órgano garante no es menor y, en todo caso, si carece de argumentos, es deber del Legislativo buscarlos y ponerlos en la mesa.