“Estas iniciativas, o cualquiera otra que vaya en detrimento de un derecho fundamental constituirían, de aprobarse, un grave retroceso para el desarrollo democrático de México y un inaceptable atentado contra el orden constitucional del país, en perjuicio de la sociedad”, sostuvo la Conferencia en una misiva enviada al Congreso del estado.
En tanto, el líder de la fracción del PAN, Eduardo Rivera Pérez, denunció que los priistas se alistan a dar un “albazo” e imponer con su mayoría una reforma incompleta este próximo jueves, misma que no incluye temas fundamentales, como la autonomía de gestión, financiera y de operación, de la Comisión de Acceso a la Información Pública; ampliar los sujetos obligados a dar información, y la afirmativa ficta, entre otros.
Anunció que supervisarán con detenimiento la iniciativa que presente el PRI a fin de iniciar una posible acción por inconstitucionalidad.
Por lo mientras, dijo que hasta ayer los presidentes de las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y por Transparencia no habían convocado a una reunión para discutir el dictamen.
“Algo está pasando en el grupo parlamentario del PRI; hay una fuerza extraña ajena al grupo parlamentario del PRI, que pudiera estar por Casa Aguayo que no quiere que realmente haya una ley adecuada y conveniente, ¿acaso hay algo de lo que ellos se preocupen que puedan conocer los ciudadanos y que a través de esta ley nosotros y ustedes pudiéramos conocer?”, cuestionó el diputado.
Por su parte, la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes, la Universidad Iberoamericana, México Abierto y cientos de ciudadanos enviaron una misiva al Congreso del estado para respaldar la iniciativa ciudadana en transparencia presentada hace un par de semanas, y apelaron a la apertura de los diputados “para escuchar, analizar, discutir y legislar en torno” a esa propuesta.
Al respecto, José Othón Bailleres Carriles, presidente de la Gran Comisión y líder de los priistas, aseveró que su fracción podría simplemente aprobar la modificación de siete puntos que establece la reforma del Senado y dejar la discusión de una legislación integral en transparencia para los dos años que le restan a la LIX legislatura.
De hecho, el priista rechazó que la aprobación de la iniciativa presentada por su fracción traiga un costo político para el tricolor, pero en una evidente contradicción refirió que su partido sí está a favor de dotar de autonomía a la CAIP y ampliar el número de sujetos obligados a dar información. Es más, dijo que en el documento que se aprobará este jueves ya incluyen ambos temas.
“Faltan dos años y medio de Legislatura para hacer todo tipo de adecuaciones, reformas, etcétera ¿qué más vamos a hacer en los siguientes dos años y medio? ¿Ya en materia de transparencia, nada?”, respondió el legislador.
–¿O sea, ustedes no harán una reforma de fondo para no quedarse sin chamba? ¿Eso estás diciendo? –inquirió, irónica, una reportera.
–No –respondió Bailleres Carriles–, sino que tenemos el tiempo encima, y eso se pudiera obviar (sic) para que nos restrinjamos a las exigencias de la Constitución.
–¿O sea limitarse al sexto? –abundó la representante de los medios.
–Exactamente y, sin embargo, hemos incluido algunas propuestas realizadas por otras bancadas y por los ciudadanos. Pero están peleando que los tiempos para la respuesta de parte del gobierno, y en eso están entrampadas las negociaciones, en minucias…
–¿La autonomía de la CAIP es una minucia?
–No, no lo es. Ese tema está superado, es el tema número uno y fue aprobado por todos los diputados; se acordó que dejara de ser un organismo del Poder Ejecutivo, eso es casi absoluto.
Misiva demoledora
Integrantes de 32 institutos y comisiones de transparencia del país, agrupados en Comaip, enviaron una carta al Congreso del estado, en donde advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa de reforma en la materia presentada por el PRI y la fracción del Partido Nueva Alianza. Ambas propuestas, agregaron, “contravienen los principios mínimos de la Constitución”
Los quejosos, entre ellos los cinco comisionados del Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública (IFAI) y los tres de la CAIP, dijeron que la iniciativa del PRI contiene cinco puntos inconstitucionales de acuerdo a la reforma al artículo VI, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007.
Esa iniciativa, advierten, mantiene a la CAIP como un “órgano auxiliar del Poder Ejecutivo”, mientras que la reforma aprobada por el Senado establece que los mecanismos de acceso a la información y revisión deberán realizarse “ante órganos u organismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión presupuestaria y de decisión”.
De igual forma, señalaron que la propuesta de tener a la CAIP y “órganos análogos determinados por los Poderes Legislativo y Judicial, los ayuntamientos de la entidad y los órganos constitucionalmente autónomos” iría contra lo establecido a la reforma del Senado, que sostiene la existencia de “sólo 32 órganos estatales y uno federal” para “evitar una perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia”.
La iniciativa del PRI, abundan en la carta, mantiene el requisito de identificarse para solicitar información pública, pero la legislación federal establece que “el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar condicionado”. Lo mismo, los priistas imponen la obligación de ratificar en tres días hábiles un recurso de revisión que se interponga a través de un medio electrónico, pero la reforma constitucional establece que la finalidad es montar “un sistema electrónico completo, que simplifique los trámites a tal grado que evite trasladarse hasta la ventanilla de la oficina gubernamental”.
