Durante el foro “Puebla: transparencia en peligro”, los expertos coincidieron en que los diputados priistas –que son mayoría en el Congreso local– tienen la oportunidad de sacar a Puebla del gran rezago que se tiene en materia de transparencia, pero si se niegan a hacerlo buscarán la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) o de otras instancias federales para evitar que aprueben una reforma anticonstitucional.
Estas afirmaciones las hicieron frente a los diputados priistas Jorge Ruiz Romero y Pablo Fernández del Campo, y el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Melitón Lozano, quienes asistieron al foro.
En el encuentro participaron los comisionados Agustín Millán Gómez, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; María Elena Pérez Jaén, del mismo instituto; Ramón Izaguirre Ojeda, consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato; Josefina Buxadé Castelán, comisionada de Acceso a la Información Pública de Puebla, y Verónica Mastretta Guzmán presidente del Patronato Puebla Verde.
También estuvo presente Lilia Vélez, coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, quien afirmó que en la propuesta de reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hicieron los diputados priistas se desdeñaron criterios que podían fortalecer a la misma, como es la clasificación de los sujetos obligados.
Hizo un reconocimiento a los diputados por integrar en esa reforma algunos puntos de la propuesta que hicieron un grupo de ciudadanos y académicos para crear una nueva legislación.
Por su parte, Josefina Buxadé Castelán dijo que la reforma que proponen los diputados priistas contiene puntos anticonstitucionales, además de que no dota a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) de autonomía.
Aseveró que una muestra de que la reforma que propone el PRI no está a la altura de las mejores leyes de transparencia del país es que se prevé que los ciudadanos se tengan que identificar con algún documento oficial para que puedan solicitar información, lo que solamente aleja a los mismos.
Ramón Izaguirre Ojeda precisó que la CAIP actualmente está definida en la ley como un órgano auxiliar del Ejecutivo, lo que en términos reales significa que es un órgano al servicio del gobernador, ya que el Ejecutivo es el único poder unipersonal, lo cual impide que la Comisión tenga imparcialidad y autonomía.
Al tener esta definición legal se excluye a los otros dos poderes del estado de su posible participación en la CAIP, pero también a los 217 municipios de la entidad; esto hace que disminuya sustancialmente la capacidad de la Comisión, señaló.
Frente a los legisladores, dijo, “quien le teme a la transparencia llegó tarde a gobernar”. Los diputados priistas sólo sonreían nerviosos frente a los señalamientos de los expertos.
El PRI quiere perpetuar la era de la opacidad
María Elena Pérez Jaén aseguró que los diputados del Revolucionario Institucional pretenden aprobar una reforma contraria al artículo sexto constitucional. Además, señaló “Marín no puede ignorar las grandes deficiencias” que tiene Puebla en materia de transparencia.
El gobernador, dijo, tiene la responsabilidad política y legal de buscar la transparencia en el estado; esa es su responsabilidad.
Pérez Jaén afirmó que asi los diputados priistas proponen una reforma que sólo confirmará sus desacatos a los ordenamientos constitucionales, y tendrán que asumir el costo político de su decisión al evitar que Puebla mejore su ley de transparencia.
Los diputados del PRI demuestran, señaló, que sólo buscan “blindar” al gobernador y “blindarse” ellos mismos. “El PRI quiere perpetuar la era de la opacidad”.
“Se puede recurrir a otras instancias”
Agustín Millán Gómez dijo que es lamentable que hasta el momento el gobernador Mario Marín Torres no haya fijado su postura respecto de las modificaciones que se pretenden hacer a la ley de transparencia.
Reafirmó las violaciones constitucionales que se hallan en la propuesta de reforma de los diputados priistas, y afirmó: “Esperemos no tener que ir a la Procuraduría General de República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” para obligar a que se haga una verdadera ley de transparencia.
