Las modificaciones propuestas al cabildo por Alejandro Contreras, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le permitirán a la Comuna recuperar la autonomía en la zona y hacer prevalecer el interés colectivo por encima del interés de la empresa.
Los cambios establecidos en el Capítulo IX de la concesión son: Modificación de las condiciones. Cuando existan razones fundadas y explícitas, las condiciones establecidas en la presente concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre el “ayuntamiento” y el “concesionario”.
Actualización de los Polígonos. En cualquier momento durante la vigencia de la concesión, la autoridad municipal competente y la concesionaria podrán por mutuo acuerdo actualizar los perímetros de los polígonos a que se refiere el anexo uno del presente título de concesión, sin que dicha actualización rebase en su conjunto el 30 por ciento de los espacios para estacionamiento de vehículos considerados en el polígono a modificar.
La presidente municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, sostuvo que no fue posible echar abajo la concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar, ya que de haberlo hecho se habría pagado una indemnización que habría sido más costosa para al ayuntamiento de Puebla, pues además de un largo litigio en los tribunales, la ciudad hubiera terminado por pagar aproximadamente 3 mil millones de pesos.
“Ya era un tema muy avanzado”, indicó la alcalde, visiblemente molesta después de más de tres horas de sesión de cabildo, cuando los reporteros de la fuente le insistieron sobre por qué su gobierno no actuó de manera similar al caso de la demanda que presentó la empresa DISA, por incumplimientos en el pago por el distribuidor vial Juárez–Serdán; es decir, que la Comuna defendiera el patrimonio municipal en los tribunales.
La alcalde rechazó que hubiera presiones hacia su gobierno por parte de algún particular o personas interesadas en beneficiarse con la concesión y destacó que, en caso de que los diputados locales aprueben la privatización del estacionamiento en la vía pública, el gobierno municipal aprovechará los ingresos para el rescate y ordenamiento del Centro Histórico.
“50 millones por rentar la vía pública”
En los asuntos generales de la sesión de cabildo, el regidor Román Lazcano Fernández dijo que la empresa Jajomar presentó seis puntos “debidamente fundados” con los cuales reclamaba al ayuntamiento de Puebla haber detenido el proceso de concesión de los parquímetros, hecho que ocurrió en diciembre pasado, durante los últimos meses del gobierno de Enrique Doger Guerrero.
El argumento principal del síndico fue que la pasada administración cometió un error al detener el proceso de la concesión, cuando lo que debió haber hecho es detener el título de la concesión de los parquímetros, ya que lo primero es una facultad que le compete a los diputados locales, y lo segundo sí le correspondía al cabildo, aunque ello hubiera obligado al pago de una indemnización.
Posteriormente, el regidor priista Alejandro Contreras Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mencionó que las modificaciones “accesorias” sólo eran en cuanto al uso de diferentes polígonos de la ciudad, principalmente del Centro Histórico –aún no definidos–, mismos que podrían perjudicar los planes de desarrollo de los distintos niveles de gobierno, pues si la Comuna de Puebla, por ejemplo, hiciera algún trabajo sobre una avenida operada por Jajomar y se suspendiera el servicio de parquímetros, la empresa podría enjuiciar al ayuntamiento por incumplimiento de contrato.
Lo anterior enardeció a la fracción de regidores panistas, que se lanzó en contra de los priistas y criticó que sólo Lazcano Fernández y unos cuantos regidores conocían a detalle el título de concesión y las ganancias para la empresa. Cuestionaron que Jajomar no existiera en ninguna ciudad donde dice operar sus servicios, así como dejar en estado de “indefensión” al gobierno.
Montiel Solana reviró a Lazcano que mientras la empresa Jajomar recibirá 200 millones de pesos al año por el usufructo de la vía pública durante los próximos tres lustros, el gobierno municipal sólo recibirá el 26 por ciento de esa ganancia; es decir, poco más de 50 millones de pesos por permitir que los ciudadanos paguen por aparcar en la calle.
El representante del PRD, Jaime Cid Monjaraz, pidió que la propuesta priista fuera aprobada, y dejar en manos del Congreso la aprobación o rechazo de la concesión de parquímetros, lo que finalmente sucedió. Los priistas le agradecieron su apoyo.
Al concluir la sesión ordinaria de cabildo, René Sánchez Juárez, presidente de la Comisión de Gobernación, coautor de la propuesta priista, señaló que los poblanos tendrán que pagar por estacionarse en la vía pública y responsabilizó de ello a la pasada administración municipal.
