En el primer semestre del año, la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajador (Profedet) asesoró a 700 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, 4 por ciento más que en el mismo periodo de 2007. El titular de la dependencia, Fernando Castro Azuara, recomendó a quienes han sido expulsados de las empresas que no firmen la carta de renuncia y que exijan su liquidación conforme a la ley.
De los 700 despidos injustificados, 480 han sido resueltos por la vía conciliatoria y el resto está en proceso de demanda. Los recursos recuperados por la conciliación suman 46 millones de pesos, y en defensoría –obligado por la ley– 17 millones de pesos. Castro Azuara comentó que si bien el número de despidos injustificados atendidos en lo que va del año no se ha multiplicado, sí ha presentado un pequeño incremento que se calcula del 4 por ciento. Las empresas con más problemas de este tipo son del sector textil y de autopartes.
El funcionario recomendó a los trabajadores que han sido despedidos que no firmen ningún documento que la empresa les exija, como la carta de renuncia voluntaria. “Las empresas no deben obligarte a firmar un documento que no quieres firmar. Hemos presentado una serie de denuncias ante el Ministerio Público por eso y hasta por privación ilegal de la libertad, no se le puede obligar al trabajador a firmar su renuncia porque es violatorio de las garantías individuales y de los derechos humanos”, señaló.
Las empresas les hacen firmar documentos en blanco a sus trabajadores, por lo que en estos casos se asienta el hecho en la demanda para desvirtuarlo y para dejar en claro que fueron despedidos. “Es increíble que en pleno siglo XXI algunas empresas ocupen estas prácticas que nos ofenden a todos, si un compañero es despedido, la empresa tiene la obligación de liquidarlo como marca la ley”, remarcó Castro Azuara.
Reconoció que los juicios laborales son tardados, pero en la Profedet se busca que sean lo más ágiles posible; además, los trabajadores no deben desanimarse, ya que la empresa debe pagar los salarios caídos. Los trabajadores que son despedidos injustificadamente tienen derecho al pago de tres meses de indemnización o la reinstalación, este punto se hace porque la Profedet está a favor de conservar las fuentes de empleo, pero también por procedimientos jurídicos para facilitar el juicio al trabajador, prima de antigüedad de 12 días por año, el proporcional de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios caídos durante todo el tiempo que dure el juicio y las prestaciones extralegales que pudiera haber en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Cabe mencionar que el día de ayer Castro Azuara recibió la medalla ad honorem José María La Fragua, entregado por la Universidad Autónoma de Puebla al mérito jurídico.
