Rivera Pérez, además, apuntó que los avances alcanzados hasta el momento no son producto de la voluntad del Revolucionario Institucional, sino de la presión ejercida por los medios de comunicación y diferentes sectores de la sociedad que han demandado la apertura del gobierno del estado y contar con una ley de vanguardia.
Si bien, agregó, se han aprobado 14 de los 21 puntos de la agenda de discusión, éstos son “insuficientes”, porque no existe ningún acuerdo en temas torales como dotar al órgano garante del acceso a la información de una autonomía presupuestal, operacional y de gestión; que los sujetos obligados sean las universidades públicas, sindicatos, organizaciones y personas físicas y morales que sean financiados con recursos públicos.
“La reforma a la ley de transparencia no es cuestión de tiempo, sino de voluntad política de la mayoría priista”, aseveró.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del estado, el priista Jorge Alfonso Ruiz Romero, aseguró que Puebla tendrá una ley de avanzada, y presumió que existe un avance del 90 por ciento en la discusión de los temas que se incluirán en el proyecto de ley, el cual, confió, quedará listo a mas tardar el próximo martes.
Acompañado por Pablo Fernández del Campo Espinosa, presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, Ruiz Romero dijo que más del 50 por ciento de las propuestas presentadas por organismos ciudadanos han sido incluidas en la redacción de lo que será la nueva ley.
Según la información proporcionada para las fracciones del PRI y el PAN, los puntos donde existe acuerdo son: Suplencia de la queja, fortalecimiento de la “cultura de la transparencia”, la gratuidad de la información y su acceso a la ciudadanía, vías de impugnación y la definitividad de la misma, versiones públicas, formas de control de la ley, ámbito temporal, regulación de los sistemas de sanciones, reducción del tiempo de entrega de la información, gestión de archivo, medios electrónicos, protección de datos, mecanismos de elección de comisionados y mecanismos de alternancia.
En tanto, los puntos donde se ha entrampado la discusión son: plena autonomía del órgano garante, la ampliación de los sujetos obligados, la afirmativa ficta, es decir, cuando una institución se niega a contestar la petición en los tiempos fijados por la ley se considerará aceptar entregar los datos solicitados; prueba del daño, reducir los periodos de reserva, la conformación de los comités técnicos, la ampliación de la información pública de oficio y especificaciones para entregar información de los tres poderes, así como la composición del órgano garante.
En conferencia de prensa, Ruiz Romero agregó que, con base en los avances que se tienen en la discusión de la iniciativa de ley, se puede afirmar que la reforma no sólo abarcará los siete puntos establecidos en la modificación constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, “sino que va más allá para sacar a Puebla del rezago en el que se encuentra”.
Indicó que los trabajos de discusión en las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia continuarán el próximo martes, cuando analizarán temas relacionados con la autonomía del órgano garante, la afirmativa ficta y los sujetos obligados.
