De acuerdo a datos oficiales del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, en los pocos meses que llevan dos gobiernos interinos en ese municipio, los cuales suplieron al edil Rubén Gil Campos, quien está preso en Nueva York, una tercera parte del presupuesto global del ayuntamiento ya fue ejercido, así como dos terceras partes del dinero para gastos personales de la presidencia se ha terminado. Dichas erogaciones resultan graves si se toma en cuenta que la principal queja ciudadana en esa comunidad es la falta de obra pública.
Luego de la caída de Rubén Gil al ser acusado de narcotraficante, Izúcar de Matamoros ha entrado en un severa crisis, no solamente por el desprestigio que causó la detención del edil, sino por la constante disputa que existe entre dos grupos políticos por el control del ayuntamiento, lo que se ha traducido en una falta de atención de los problemas básicos del municipio.
La situación se agrava no únicamente por la actitud irresponsable y dañina de dos facciones del PRI que se pelean por el poder, sino por la pasividad del Congreso del estado para tomar una decisión que frene la crisis en Izúcar de Matamoros y garantice a la ciudadanía la existencia de una administración municipal estable que vele por el funcionamiento de los servicios públicos y no frene los planes de obra pública.
La solución para Izúcar de Matamoros debe ser el nombramiento de un concejo municipal que esté formado por integrantes de las fuerzas políticas locales, de acuerdo al último resultado electoral, pero que no cuente con personajes que ya hayan pasado por el ayuntamiento en el actual trienio. Es la única manera de regresar la estabilidad a ese municipio mixteco.
