El Instituto Federal Electoral (IFE) acatará la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que solicita no proceder a la destrucción de las boletas electorales de 2006 hasta en tanto no se resuelva un recurso de acceso a las mismas que le fue presentado. Así lo dio a conocer Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral, quien aseveró que ha establecido contactos con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a fin de coordinar una respuesta “como Estado mexicano” al organismo internacional.
El anuncio es importante porque con él se interrumpe la extendida impresión de que en los comicios presidenciales de hace dos años se violentó la voluntad popular, y haría imborrable la huella de ilegitimidad que pesa sobre la actual administración pública federal, como le ocurrió al salinismo tras la quema de la papelería electoral del proceso de 1998.
La preservación de la papelería electoral, resulta insuficiente para revertir la incertidumbre nacional suscitada por el comportamiento de ese órgano electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó la elección no obstante reconocer que en ella habían incurrido “irregularidades graves”.
En los últimos dos años han aparecido nuevas evidencias que ponen en tela de duda el fallo de ese Tribunal.
En el libro: 2006: hablan las actas, de José Antonio Crespo, se contribuye con una de esas evidencias. El texto analiza a partir del examen de más de 60 mil actas de escrutinio, equivalentes a la mitad de los 300 distritos electorales en que se divide el país, y constata que con los datos disponibles no es posible saber con certeza quién ganó los comicios presidenciales de hace dos años, dado que los errores aritméticos pudieran triplicar la diferencia de 0.56 por ciento que, según los resultados oficiales, separó a Felipe Calderón Hinojosa de Andrés Manuel López Obrador.
Después de dos años de un intenso conflicto postelectoral apareció el mes pasado una encuesta de Consulta Mitofsky, que indica que más de un tercio de los electores sigue creyendo que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2006. Esta cifra explica el éxito de la resistencia ciudadana, articulada en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, para frenar por primera vez en la historia, mediante la movilización en las calles, una iniciativa para privatizar Pemex, que fue enviada al Congreso de la Unión por el titular del Poder Ejecutivo federal.
El análisis de Crespo confirma que la llegada de Calderón a la jefatura del Ejecutivo federal fue la culminación de complejos mecanismos de distorsión de la voluntad popular. Pero también muestra la ausencia de transparencia y confianza que se viene dando en el IFE. Hace cinco año las bases de datos del IFE fueron “vendidas” por una empresa que trabajaba para esa institución durante la gestión de José Woldenberg, a la CIA, el FBI y a las agencias de seguridad de Estados Unidos (Reforma, 21/04/2003). La empresa que hizo tal compra fue Choicepoint. Al mismo tiempo hoy se sabe que diferentes cuerpos policíacos acuden al IFE, a consultar su amplia base de datos.
El registro contiene referencias de 76 millones de personas y en su base de datos se resguardan 250 millones de trámites de los ciudadanos. Ante estos hechos tenemos una larga tarea por delante en el Senado de la República.
*Senador de la República por el PRD.
