Empero, para muchas mujeres el acceso a procedimientos seguros de aborto se vuelve imposible como resultado de la existencia de un laberinto de obstáculos administrativos y obstrucción de las autoridades oficiales. Algunas son rechazadas y enviadas de una dependencia a otra hasta que el embarazo se encuentra demasiado avanzado como para ser interrumpido de manera segura y legal.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el jurista explicó que en el Código de Defensa Social del estado no se especifica cuál será la dependencia judicial que dará la autorización para que interrumpa el embarazo la mujer que presente una de las cuatro causales por las que sí se considera legal. Tampoco se señala el plazo que tiene la autoridad para dar un certificado que permita el legrado; mucho menos indica qué institución de salud será la encargada de realizarlo, así como los costos.
El Código Penal del Distrito Federal es el único que en su artículo 131 especifica lo anterior. “El Ministerio Público autorizará en un término de veinticuatro horas contadas a partir de que la mujer presente la solicitud, la interrupción del embarazo de acuerdo a lo previsto en el artículo 148 del Nuevo Código Penal”, y se agrega en la fracción V: “Las instituciones de salud pública, a petición de la interesada, deberán practicar un examen que compruebe la existencia del embarazo, así como su interrupción”.
Según datos de la agrupación civil Ipas, en México el aborto representa la quinta causa de muerte; a él recurren mujeres que fueron víctimas de violación, tuvieron fallas en los métodos anticonceptivos o mantuvieron relaciones sexuales sin protección; sin embargo, más del 50 por ciento es realizado clandestinamente en clínicas con equipamiento y personal médico poco especializado.
A decir de Hernández Juárez, la solución para frenar los abortos clandestinos no está en hacer más restrictiva la ley, sino en hacer una norma reglamentaria donde se indique cuáles serán los procedimientos que siga la mujer que quiera interrumpir su embarazo.
“Los legisladores de Puebla son gente analfabeta que desconoce el tema; por eso no se quieren hacer responsables. Y aquí, aunque existe una ley sobre el aborto, no hay forma de ponerla a trabajar”, aseveró el especialista en Derecho.
Las restricciones legales al aborto aumentan las prácticas clandestinas: Ipas
La agrupación civil Ipas advirtió, en un informe que dio a conocer la tercera semana de abril, que “las restricciones legales al aborto aumentan hasta 30 veces el número de muertes maternas respecto de los lugares donde esta práctica es legal, lo que significa que penalizar la interrupción del embarazo sólo pone a las mujeres en riesgo de enfermedades y muerte, porque las mujeres que así lo deciden suspenden su embarazo de cualquier forma”.
El organismo resaltó que en México se llega a esta práctica por razones económicas, sociales y de salud física y mental.
En el mundo cada año se interrumpen voluntariamente 45 millones de embarazos no deseados, de los cuales 27 millones se realizan en condiciones legales y seguras y 19 millones en circunstancias inseguras.
De acuerdo con Ipas, hasta una tercera parte de las mujeres en edad reproductiva busca interrumpir su embarazo cada año. Sin embargo, las tasas más bajas se registran en los países que tienen leyes liberales, como Holanda, Bélgica y Suiza, donde se reportan menos de 10 abortos inducidos por cada mil mujeres.
En cambio, en países como Chile y Perú –de legislaciones muy restrictivas– se realizan más de 50 abortos inducidos por cada mil mujeres. Además, esta relación alcanza aproximadamente 80 por cada mil en países como Rumania, Cuba y Vietnam, donde las leyes son muy liberales pero el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado.
Respecto a México, la información oficial señala que casi la mitad de quienes pierden la vida a consecuencia de un aborto tienen entre 20 y 29 años, y que 60 por ciento de los casos ocurren en el Distrito Federal, el estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Guerrero.
En el estado, la Secretaría de Salud no tiene estadísticas sobre el número de abortos que se realizan anualmente; la justificación que dieron cuando se les preguntó fue “que debido a que es un asunto prohibido, la mayoría se realiza clandestinamente; por eso se desconoce la dimensión del problema”.
Los únicos datos que hay sobre aborto son las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). Según el organismo, por cada cinco poblanas embarazadas durante su periodo de fertilidad (15 a 49 años), una de ellas se practicó al menos un aborto
Nosotros proveemos vida, no la quitamos: médicos
El especialista en ginecología, obstetricia y colposcopía del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Puebla, Eduardo Sánchez Carrillo, señaló que mientras no haya una autoridad judicial que faculte a las instituciones de salud pública a practicar el aborto a la mujer que presenta riesgos de muerte o ha sido violada, los doctores no tienen alguna obligación de realizar el aborto.
“El médico no está obligado a realizar lo que diga una orden judicial porque puede tener objeción de conciencia, pero si el juez gira una orden a la Secretaría de Salud del estado, entonces esta dependencia estará obligada a que un doctor de la institución sí acate la orden judicial”, explicó el ginecólogo.
Agregó que casi todos los doctores respetan los Códigos de Ética de la salud, en los cuales uno de los juramentos principales es “proveer vida, no quitarla”.
Activistas, a favor de la desmitificación del aborto
Por su parte, Ángel Sandoval Hernández, integrante del Movimiento Popular Revolucionario, señaló que es necesario que todos los sectores de la sociedad, en especial el Poder Legislativo, desmitifiquen el aborto.
La religión se ha opuesto a la despenalización del aborto por “su moral”, además que quieren seguir teniendo a las “mujeres en la sumisión”. “Defienden la vida, pero reprueban el uso de los métodos anticonceptivos”, dijo.
Sandoval Hernández indicó que la mujer debe ser autónoma en la toma de decisiones y afirmó que México como Estado laico que es “no debe dejar que se impongan morales religiosas”; más bien debe velar para que disminuyan las muertes por abortos.
Estudios médicos demuestran que los abortos realizados bajo condiciones médicas adecuadas son 10 veces más seguros que los que se efectúan bajo malas condiciones de higiene y seguridad.
